La asambleísta Viviana Veloz, del movimiento Revolución Ciudadana, fue sancionada con una multa de USD 9.000 por realizar campaña anticipada en las elecciones de 2023, según dictaminó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) este 2 de julio de 2025. La sentencia establece un precedente sobre el uso indebido de redes sociales en procesos electorales.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, impuso una sanción de USD 9.000, equivalente a 20 salarios básicos unificados, a la asambleísta Viviana Veloz Ramírez por incurrir en una infracción electoral grave. La denuncia, presentada por el ciudadano César Wilfrido Cárdenas, evidenció que Veloz difundió contenido proselitista en redes sociales antes del periodo oficial de campaña para las elecciones anticipadas de 2023, vulnerando el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia.
Entre las pruebas presentadas se encuentran videos publicados en la cuenta de Instagram “@vivianavelozoficial” los días 13 de julio y 3 de agosto de 2023. En estos, Veloz aparece participando en caravanas, repartiendo café y utilizando hashtags como #MiVotoEsPorVivianaVeloz y #Todo5, asociados al movimiento Revolución Ciudadana. Aunque la defensa de Veloz argumentó que no era titular de la cuenta y sugirió una posible suplantación de identidad, un peritaje digital y certificaciones notariales confirmaron la autenticidad de las publicaciones y su vínculo directo con la asambleísta.
El juez Viteri destacó que estas acciones, realizadas fuera del periodo legal de campaña, afectaron la equidad electoral y la integridad del proceso democrático. La sentencia subraya que el uso indebido de plataformas digitales para fines proselitistas constituye una práctica que compromete la igualdad entre candidaturas, sentando un precedente para futuros casos similares.
La sanción a Viviana Veloz refleja el compromiso del TCE con la vigilancia de las normas electorales en un contexto donde las redes sociales juegan un rol creciente en las campañas políticas. Este caso pone de relieve la importancia de respetar los plazos establecidos por el Código de la Democracia para garantizar procesos electorales transparentes y justos. Mientras tanto, el fallo podría generar debates sobre la regulación de las plataformas digitales en la política ecuatoriana, especialmente de cara a futuros comicios.
