El Consejo de Administración Legislativa (CAL) inició el 27 de junio de 2024 el trámite de una queja presentada por el asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN) contra Mireya Pazmiño (Revolución Ciudadana), acusada de calificarlo de “fascista” por su propuesta de endurecer sanciones a adolescentes en la Ley de Integridad Pública. La disputa, que incluye videos y publicaciones como pruebas, podría derivar en una sanción de 30 días sin sueldo para Pazmiño.
El 27 de junio de 2024, durante la sesión No. 007 del Consejo de Administración Legislativa (CAL), se analizaron las pruebas presentadas en la queja del asambleísta Andrés Castillo (ADN) contra su colega Mireya Pazmiño (Revolución Ciudadana) por presunta agresión verbal. Castillo fundamentó su denuncia en declaraciones emitidas por Pazmiño el 12 de junio de 2024, fuera de la Comisión de Seguridad Integral, donde, según él, lo tildó de “fascista” por proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia dentro de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Estas reformas buscaban endurecer las medidas contra adolescentes que cometan delitos graves, aunque no llegaron a equiparar las penas con las del Código Orgánico Integral Penal (COIP), optando por fortalecer el internamiento institucional.
Castillo presentó un video y dos publicaciones en X de los medios El Universo y OnlyPanas, del 12 de junio de 2024, que recogen las expresiones de Pazmiño. En su defensa, Pazmiño argumentó que sus críticas se dirigieron a la propuesta, no a Castillo como persona. “Decir que una propuesta es fascista puede ser duro, pero no constituye una agresión personal al proponente. Una propuesta fascista exalta el culto a la seguridad para eliminar derechos y convierte a niños en chivos expiatorios”, afirmó, según Ecuavisa.
Castillo replicó que las explicaciones de Pazmiño no desvirtúan las pruebas y pidió al CAL considerar su queja como una falta administrativa grave, conforme al artículo 170, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), solicitando una sanción de 30 días de suspensión sin remuneración. Pazmiño, exmiembro de Pachakutik antes de unirse a Revolución Ciudadana, insistió en que sus declaraciones fueron un juicio de valor sobre la propuesta, no un ataque personal.
La controversia se enmarca en el debate sobre la Ley de Integridad Pública, aprobada el 26 de junio de 2024, que incluyó 13 reformas penales propuestas por ADN. Estas reformas generaron críticas de asambleístas de Revolución Ciudadana, Pachakutik e independientes, como Mariana Yumbay, quien señaló que sancionar a adolescentes como adultos vulnera convenios internacionales y carece de unidad de materia con el objetivo original de la ley, enfocado en contratación pública.
Esta es la segunda queja tramitada por el CAL en poco más de un mes desde la posesión de la Asamblea Nacional 2025-2029, el 14 de mayo de 2024. El 13 de junio, el CAL sancionó al asambleísta Ronal González (Revolución Ciudadana) con 60 días de suspensión sin sueldo, tras una denuncia de Diana Jácome (ADN) por usar un megáfono para insultar al presidente del Legislativo, Niels Olsen.
El CAL, presidido por Niels Olsen e integrado por dos vicepresidentes y cuatro vocales, resolverá la queja en los plazos establecidos por la LOFL, notificando su decisión tras evaluar las pruebas y alegatos. La resolución podría sentar un precedente en el manejo de conflictos entre asambleístas en un contexto de alta polarización política.
Contexto Político
La Asamblea Nacional, conformada por 151 asambleístas desde mayo de 2024, tras el aumento de escaños por el censo de 2022, vive un ambiente de tensiones entre el oficialismo (ADN) y la oposición, liderada por Revolución Ciudadana (66 escaños). La Ley de Integridad Pública, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, ha sido criticada por incluir reformas penales ajenas a su propósito original, generando roces entre bancadas.
