La Corte Constitucional exige soluciones de fondo al Gobierno

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador puso un nuevo capítulo en su pulseada con el Ejecutivo este 27 de marzo de 2025. Con ocho votos a favor y uno en contra, el organismo reiteró que su sentencia para crear una comisión interinstitucional de seguridad debe cumplirse “de modo inmediato y obligatorio”, desoyendo las críticas del Gobierno, que tildó la decisión de “inejecutable”. En un auto de aclaración, la CC aceptó parcialmente las inquietudes del Ejecutivo, pero mantuvo firme su exigencia de abordar la violencia y el crimen organizado desde un enfoque estructural, alejado de la dependencia de estados de excepción.

El dictamen, que se remonta al 21 de febrero con la resolución 1 – 25 EF/25, declaró parcialmente constitucional el estado de excepción vigente por “grave conmoción interna”, pero descartó la existencia de un “conflicto armado interno”, como pretendía el Gobierno. En esa línea, ordenó la formación de la “Comisión Interinstitucional de Coordinación, Planificación e Implementación de Medidas”, una entidad destinada a diseñar soluciones de fondo contra la inseguridad. En su reciente aclaración, la CC aceptó tres puntos sobre sus competencias legales, pero rechazó otros tres, incluyendo la solicitud de validar un estado de excepción por conflicto armado, al no encontrar sustento jurídico para ello.

Para la Corte, la crisis de violencia en Ecuador no es un problema pasajero que se resuelva con medidas de emergencia. “Es un asunto estructural que requiere respuestas dentro del marco constitucional ordinario”, enfatizó el organismo, subrayando que los estados de excepción deben ser excepcionales y temporales, no una muleta permanente. Frente a las acusaciones del Ejecutivo de que la CC estaría “haciendo política pública”, la respuesta fue tajante: “No intervenimos ni diseñamos políticas de seguridad; nuestro deber es garantizar que las acciones del Estado respeten la Constitución”.

El Gobierno, por su parte, había puesto en duda la practicidad de la sentencia, argumentando que crear la comisión excedía las atribuciones de la Corte y resultaba inviable en la práctica. Sin embargo, la CC no cedió terreno y defendió que su mandato busca atacar las raíces de la inseguridad, más allá de parches temporales. Hasta el momento, el Ejecutivo guarda silencio tras el auto de aclaración, aunque la fricción entre ambos poderes sigue latente.

Este enfrentamiento destapa una discusión de fondo sobre cómo encarar la crisis de seguridad que sacude al país. Mientras el Gobierno apuesta por la mano dura y los estados de excepción, la Corte aboga por un enfoque institucional y sostenible. En medio de esta pugna, los ecuatorianos esperan que la prioridad sea encontrar salidas efectivas a la violencia, más allá de las disputas de poder que, por ahora, mantienen el debate en un tenso punto muerto.