La fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó el 19 de agosto de 2024 su disposición para enfrentar el juicio político en su contra, impulsado por el correísmo en la Asamblea Nacional. Este proceso, que había sido suspendido en mayo debido a un embarazo de riesgo, ha sido reactivado tras recibir autorización médica para retomar sus actividades.
En una entrevista concedida a Ecuavisa, Salazar expresó que no existen fundamentos políticos ni jurídicos que justifiquen su censura. Afirmó que las acusaciones en su contra son una reacción a los logros de la Fiscalía, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Según Salazar, el juicio político representa una revancha de organizaciones criminales que han infiltrado diversas instituciones públicas y políticas en el país.
La fiscal calificó el juicio como un "narcojuicio", señalando que se origina en investigaciones como la operación "Metástasis", que reveló la infiltración del crimen organizado en diferentes esferas del Estado. Salazar argumentó que el objetivo del proceso es debilitar a la Fiscalía, que ha estado trabajando para desmantelar redes criminales operativas dentro de las instituciones públicas.
