Un mes después de iniciado el nuevo periodo legislativo, dos de los principales actores políticos en Ecuador, Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), han encontrado un punto de unión en torno a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Electoral, más conocida como el Código de la Democracia.
Tras años de construcción de la normativa, la Comisión de Justicia, liderada por el oficialismo, aprobó el informe para el segundo debate, que será tratado y votado en el Pleno de la Asamblea el próximo viernes 20 de junio. En la mesa legislativa, RC y ADN apoyaron el documento, que en los últimos cuatro años recibió aportes de autoridades electorales, asambleístas de CREO, Izquierda Democrática (ID) y del correísmo, entre otros.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el cambio del método de asignación de escaños para futuras elecciones. En los últimos procesos electorales, se aplicó el método de Webster, que permite la representación de organizaciones políticas con baja votación. Sin embargo, la propuesta ahora es volver al método de D’Hondt, que favorece a los partidos con más votos y beneficia a las organizaciones políticas hegemónicas como RC y ADN.
El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, calificó esta postura como una "grave equivocación de ADN", argumentando que pensar que en cuatro años van a seguir teniendo el 56% de los votos que tuvieron ahora es una grave equivocación.
La reforma, que cuenta con 57 artículos, incluye otros cambios significativos:
- Licencias para ser candidatos: Autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente al que desempeñan deberán solicitar licencia sin remuneración antes de presentar su candidatura.
- Prohibiciones y sanciones: La propuesta rebaja las penas y sanciones para infracciones leves, graves y muy graves. Además, el uso de dispositivos electrónicos para fotografiar papeletas de votación se considera una infracción electoral leve.
- Control de recursos para campañas: Se establece la obligatoriedad de utilizar herramientas tecnológicas en el financiamiento a la política y se establecen nuevos requisitos para el financiamiento estatal. Las encuestadoras que no acaten las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) serán sancionadas.
El CNE también tiene un plazo de cuatro años, a partir de 2026, para implementar el mecanismo de voto electrónico en el país.
