El sistema tributario ecuatoriano, lejos de ser un instrumento de redistribución, se ha convertido en un mecanismo que refuerza la desigualdad y debilita la capacidad fiscal del Estado. Según un informe de Primicias.ec, basado en datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el gasto tributario en 2023 alcanzó USD 5,776 millones, equivalente al 4.9% del PIB y al 39.1% de la recaudación total. Este “subsidio invisible”, compuesto por exoneraciones, deducciones y regímenes especiales, beneficia desproporcionadamente a los sectores más ricos, mientras la carga impositiva recae sobre quienes no pueden eludirla. A esto se suma una evasión estructural, con una brecha del 59% en el Impuesto a la Renta entre 2014 y 2021 y del 25% en el IVA entre 2015 y 2020, según el FMI.
El gasto tributario, que opera como un subsidio fiscal encubierto, carece del escrutinio que reciben programas sociales. En 2022, el 10% más rico de las personas naturales concentró el 74.5% de los USD 713 millones en beneficios fiscales, y el 30% más rico acaparó el 97.6%, según el SRI. En el ámbito empresarial, el 10% de las compañías más grandes recibe el 96% del gasto tributario del Impuesto a la Renta, mientras las pequeñas empresas, que no generan este impuesto, quedan excluidas. Comparado con el promedio regional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el gasto tributario de Ecuador (4% del PIB) supera el 3.8% de América Latina, y su peso en la recaudación potencial (36.7%) es significativamente mayor que el 25.5% regional.
La evasión y elusión agravan el problema. Entre 2014 y 2021, Ecuador perdió USD 1,121 millones anuales por evasión del Impuesto a la Renta, según el SRI, mientras el IVA, principal fuente de ingresos fiscales, perdió un cuarto de su potencial entre 2015 y 2020. Estas prácticas, combinadas con más de 25 reformas tributarias en 20 años—cuatro entre 2023 y 2024, tres bajo urgencia económica—, reflejan un modelo fragmentado. Regímenes como RISE (2007), microempresas (2018) y RIMPE (2021) han multiplicado beneficios fiscales sin evaluación rigurosa, favoreciendo a grupos de presión, como señala el economista Nicolás Oliva en . Posts en X, como @notimundoec, critican la opacidad de estas “transferencias a los ricos” frente al escrutinio de subsidios a los pobres.
Las reformas, tramitadas con urgencia y sin debate profundo, han generado incertidumbre normativa. En 2020, existían 50 rebajas fiscales en el Impuesto a la Renta, según . La falta de una reforma estructural perpetúa un sistema regresivo que no recauda lo suficiente—USD 14,776 millones en 2023, apenas el 12.5% del PIB frente al 17% regional, según el CIAT—ni redistribuye. Esto fuerza al Estado a endeudarse o recortar gasto social, afectando salud, educación y protección social. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo advierte que la ausencia de equidad fiscal erosiona la legitimidad del Estado, alimentando el escepticismo ciudadano, como reflejan comentarios en X de @radiocentroec.
El contraste es evidente: mientras los subsidios a combustibles o transferencias a hogares pobres enfrentan auditorías, el gasto tributario, etiquetado como “incentivos”, permanece opaco. La concentración de beneficios en el 10% más rico y la tolerancia a la evasión refuerzan un modelo que, en lugar de corregir desigualdades, las amplifica. Sin un cambio estructural que amplíe la base imponible, fortalezca la administración tributaria y elimine privilegios, Ecuador seguirá atrapado en un ciclo de ineficiencia fiscal y exclusión social.
El sistema tributario ecuatoriano, con su alto gasto tributario y evasión estructural, beneficia a los más ricos mientras limita los recursos para necesidades urgentes. La falta de una reforma integral perpetúa un modelo injusto que agrava la desigualdad y erosiona la confianza ciudadana. Ecuador necesita un cambio estructural para construir un sistema equitativo y sostenible.
