El exvicepresidente Jorge Glas fue llamado a juicio por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí el 19 de mayo de 2025, mientras su defensa denuncia torturas y solicita una evaluación psiquiátrica por riesgo de autolesión.
El 19 de mayo de 2025, el Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Ángel Aguirre, llamó a juicio al exvicepresidente Jorge Glas y a Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, por presunto peculado en el manejo de fondos tras el terremoto de 2016. Según Primicias.ec, este caso representa la tercera causa penal contra Glas, quien enfrenta una potencial nueva sentencia tras condenas por asociación ilícita (2017) y cohecho (2020). Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria, la defensa de Glas, liderada por Andrés Villegas, denunció que el exfuncionario ha sido torturado en la Cárcel La Roca, generando graves problemas psicológicos con “alto riesgo de autolesión”, según psiquiatras del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Villegas invocó el artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite internar en un hospital psiquiátrico a personas inimputables por trastornos mentales para su tratamiento y reinserción. Sin embargo, el Conjuez Aguirre señaló que el expediente no incluye una evaluación psiquiátrica oficial de Glas. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía realizar una evaluación en La Roca dentro de los 12 días siguientes a la notificación, para determinar si procede su traslado a un centro médico. La falta de pronunciamiento inmediato sobre esta solicitud generó críticas en redes sociales, con usuarios como @notimundoec cuestionando el trato a Glas y otros, como @radiocentroec, destacando la celeridad del proceso judicial.
El caso Reconstrucción de Manabí investiga irregularidades en la asignación de contratos para la recuperación de zonas afectadas por el terremoto de 7.8 grados, que dejó 663 muertos y daños por USD 3,344 millones. La Fiscalía acusa a Glas y Bernal de desviar fondos públicos, con un perjuicio estimado de USD 300 millones, según . Glas, detenido desde abril 2024 tras la incursión policial en la Embajada de México, donde estaba asilado, ya cumple una condena acumulada de 14 años por los casos Odebrecht y Sobornos. Su traslado a La Roca, una prisión de máxima seguridad, siguió a un breve período en el hospital naval de Guayaquil por una sobredosis de medicamentos en abril 2024, interpretado por su defensa como un intento de autolesión.
Las denuncias de tortura, respaldadas por Villegas, se alinean con reportes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han cuestionado las condiciones en La Roca, incluyendo aislamiento prolongado y falta de atención médica. En X, @ecuadorplay y @lahistoriaec publicaron sobre presuntos maltratos a Glas, aunque sin pruebas verificadas. La Fiscalía, por su parte, sostiene que las acusaciones de tortura son una estrategia para eludir el juicio, según un comunicado citado en . El proceso también ocurre en un contexto político tenso, con la Asamblea Nacional, dominada por Acción Democrática Nacional (ADN), tramitando una ley urgente de Daniel Noboa contra economías criminales, lo que intensifica el escrutinio sobre figuras del correísmo como Glas.
Si se confirma el peculado, Glas podría enfrentar una pena de 7 a 13 años, según el COIP, aunque su estado psiquiátrico podría influir en la imputabilidad. La evaluación ordenada por Aguirre será clave para resolver la solicitud de traslado, mientras la defensa prepara apelaciones, argumentando violaciones al debido proceso. El caso ha reavivado el debate sobre el trato a presos políticos y las condiciones carcelarias en Ecuador, con organizaciones como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo pidiendo transparencia.
Jorge Glas enfrenta un nuevo juicio por peculado en un clima de denuncias de tortura y una evaluación psiquiátrica que podría cambiar su destino. Mientras la justicia avanza, el caso expone las tensiones políticas y los desafíos del sistema penitenciario ecuatoriano. La ciudadanía espera claridad y equidad en un proceso que trasciende lo judicial.
