La deuda de USD 200 millones del Estado ecuatoriano a clínicas de diálisis privadas, que atienden al 88% de los 17.000 pacientes renales del país, ha desatado una crisis que pone en riesgo vidas, con al menos 1.000 fallecidos en los últimos dos meses debido a la falta de insumos y tratamientos, según denuncias de pacientes y clínicas.
Desde 2008, cuando la insuficiencia renal fue declarada enfermedad catastrófica en Ecuador, el Estado cubre los costos de diálisis, pero la red pública solo atiende al 12% de los pacientes debido a su limitada capacidad. El 88% de los 17.000 pacientes renales, aproximadamente 14.960 personas, dependen de clínicas privadas, que enfrentan una deuda estatal de USD 200 millones hasta abril de 2025, según la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador (ACDE). Esta crisis, agravada por atrasos de hasta 18 meses, ha llevado a cierres de clínicas, reducción de terapias y protestas de pacientes en ciudades como Quito y Guayaquil.
La situación ha escalado a protestas y acciones legales. En abril de 2025, pacientes presentaron una acción de protección para exigir la restitución de servicios completos, incluyendo medicamentos y análisis. Cristina Freire, vocera de la ACDE, advirtió que la deuda, combinada con cortes de luz y la falta de generadores, ha causado la muerte de más de 1.000 pacientes en dos meses, con 500 más en estado grave. Las clínicas, al borde de la quiebra, han reducido personal y enfrentan deudas con proveedores, quienes han cortado el suministro de insumos esenciales como fístulas y heparina.
El IESS propone reducir el costo mensual de la terapia de USD 1,456 a USD 1,100, una medida rechazada por clínicas y pacientes, que argumentan que no cubre los costos de 13-14 sesiones mensuales, análisis y medicamentos. Ana Delgado, de Achpe, advierte que esta reducción podría aumentar hospitalizaciones, elevando costos y riesgos para los pacientes, cuando el programa de diálisis de Ecuador tiene una tasa de hospitalización del 33.1%, menor que la de Colombia (67.5%) o Brasil (72.6%).
La crisis de las clínicas de diálisis en Ecuador, alimentada por una deuda estatal de USD 200 millones, pone en jaque la vida de 17.000 pacientes renales. Las promesas de pago del IESS y MSP no han aliviado la falta de insumos ni las protestas de pacientes, que exigen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional de 2020 para garantizar un plan de pagos. Sin soluciones inmediatas, el colapso del sistema de diálisis amenaza con agravar una tragedia humanitaria en el país.
