La Comisión de Desarrollo Económico de Ecuador se prepara para votar el informe de primer debate del proyecto de ley económica urgente, enviado por el presidente Daniel Noboa, cuyo objetivo es desactivar las economías criminales en el país. La votación está programada para el martes 27 de mayo de 2025, y permitirá que el Pleno de la Asamblea conozca el documento y los asambleístas hagan sus aportes en una sesión prevista para el viernes 30 de mayo a partir de las 09:00.
Valentina Centeno, presidenta de la comisión y asambleísta de Alianza Democrática Nacional (ADN), destacó que el enfoque principal de la normativa debe ser la solidaridad nacional para fortalecer el trabajo de las fuerzas del orden. Uno de los artículos más relevantes en el ámbito económico propone que las empresas puedan donar hasta el 30% de su Impuesto a la Renta para equipar y tecnificar a las fuerzas del orden.
Debate sobre Reformas Penales
Durante la sesión del 26 de mayo, expertos y actores involucrados en la normativa, tanto en el ámbito económico como penal, presentaron sus observaciones. El abogado constitucionalista Stalin Raza defendió la implementación de un régimen penal diferenciado para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada, que operan de manera distinta a la delincuencia común. Raza argumentó que no hay nada más urgente que erradicar las economías criminales y defendió la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, basándose en las excepciones ya contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Raza sugirió que los legisladores "modulen" la propuesta de detenciones con fines investigativos sin orden judicial, y que no se cree una nueva categoría de jueces especiales para el conflicto armado interno, ya que los actuales jueces anticorrupción podrían cumplir con esta tarea si se les garantiza seguridad y anonimato.
Críticas y Propuestas de Enmienda
Por su parte, el abogado penalista Felipe Rodríguez cuestionó las acusaciones de que el proyecto es "dictatorial", argumentando que las medidas excepcionales son necesarias debido al origen de la inseguridad en el país. Rodríguez enfatizó la importancia de incluir en el COIP el delito de pertenencia, lo que facilitaría a los fiscales centrarse en determinar si una persona es parte de una organización delictiva organizada.
Rodríguez también sugirió cambiar la palabra "detención" por "aprehensión" en la propuesta y mantener el plazo actual de 48 horas, en lugar de reducirlo a 24 horas. Además, consideró inconstitucional la propuesta de negar medidas sustitutivas a la prisión preventiva para quienes cometan delitos relacionados con el Conflicto Armado Interno, recomendando que los legisladores revisen este punto.
Próximos Pasos
Con estas discusiones, la Comisión de Desarrollo Económico avanza en el proceso de análisis y modificación del proyecto de ley, que luego regresará a la mesa legislativa para su revisión final antes de ser sometido a votación en el Pleno de la Asamblea. Este trámite es crucial para la primera ley urgente enviada por Noboa a la nueva Asamblea, y refleja el compromiso del gobierno por abordar la inseguridad y las economías criminales en el país.