A pocos días de que venza el plazo establecido por la Consulta Popular del 21 de abril de 2024 para aprobar el reglamento de selección de jueces y juezas de Garantías Constitucionales, el Consejo de la Judicatura se encuentra en una crisis interna que ha paralizado el proceso. La disputa entre los vocales del pleno ha impedido la aprobación del reglamento, necesario para implementar un nuevo modelo judicial especializado, tal como lo decidió la ciudadanía de Ecuador.
El artículo aprobado por la consulta popular (inscrito en el Registro Oficial el 9 de mayo de 2024) establece un plazo de un año para emitir el reglamento y realizar la designación de jueces. Sin embargo, la falta de consenso en el Pleno del Consejo de la Judicatura causará que no se cumpla ese mandato popular.
La vocal Solanda Goyes denunció graves irregularidades en el proyecto de reglamento presentado, señalando que el documento incurre en “inconstitucionalidades e ilegalidades” que podrían derivar en nulidades, como ya ocurrió en concursos anteriores. Entre los principales cuestionamientos, Goyes señaló la falta de especialización, débil evaluación de probidad y ausencia de paridad de género en la selección.
Minutos después de una rueda de prensa, la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura no pudo reinstalarse por cuarta vez consecutiva, debido a la ausencia de la vocal Goyes. El presidente Mario Godoy afirmó que el reglamento fue trabajado durante meses con delegados de todas las vocalías, incluida la de Goyes, y que incluso se socializó con la Corte Nacional de Justicia. Godoy defendió los criterios de especialización establecidos y sostuvo que el reglamento contempla medidas afirmativas para mujeres y otros grupos históricamente excluidos.
La vocal Yolanda Yupangui expresó sorpresa por las declaraciones de Goyes y afirmó no haber recibido una invitación formal para un diálogo previo al Pleno. Afirmó que el equipo técnico está dispuesto a sustentar el trabajo realizado y pidió que se invite a Solanda Goyes para conversar.
La falta de reglamento impide avanzar en la conformación de las Unidades Judiciales de Garantías Constitucionales, una reforma que contó con el respaldo del 60% del electorado. Los vocales afirman que no se cumplirá con la obligación hasta el 9 de mayo, mientras las pugnas internas mantienen en vilo el reglamento.
