Una nueva tormenta judicial sacude a Riobamba tras la solicitud de la Fiscalía Provincial de Chimborazo de una audiencia de vinculación penal contra el alcalde John Vinueza Salinas y Lenín Fuentes Gavilánez, gerente de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Protección y Ambiente (EP EMMPA), en el marco del caso Altares. La fiscal Mayra Moreno, basándose en el expediente Nro. 060101823090465, considera que hay pruebas suficientes para procesarlos por el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 3 a 5 años de prisión.
El caso Altares, iniciado en 2023 tras una denuncia ciudadana, investiga una presunta red de corrupción vinculada a la asignación irregular de cupos para una cooperativa de taxis rurales. Según la Fiscalía, Vinueza y Fuentes habrían recibido pagos significativos a cambio de facilitar este proceso. La investigación dio un giro clave gracias a la cooperación eficaz de un involucrado y otra persona desde Argentina, quienes proporcionaron información que sustentó la solicitud de vinculación. Además, audios revelados por José Luis Díaz, abogado de la Comisión Anticorrupción de Chimborazo, implican a concejales de la Comisión de Movilidad, quienes habrían cobrado USD 1.500 por aprobar una ordenanza para taxis rurales, archivada tras protestas del gremio y la intervención de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por incumplir la normativa.
El operativo Altares, ejecutado el 30 de enero de 2025, incluyó 13 allanamientos en Chimborazo y Pichincha, con nueve detenciones iniciales, entre ellas cuatro concejales y un exprefecto. Seis personas, incluyendo tres concejales, enfrentan medidas sustitutivas como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Entre las evidencias incautadas figuran USD 25.000 en efectivo, celulares, laptops, droga y documentos. La Fiscalía sostiene que la red operaba mediante adjudicaciones de contratos, contrabando y tráfico de influencias, omitiendo procesos legales en matriculación y licencias de tránsito.
Vinueza, quien en febrero superó un intento de remoción por el Concejo Cantonal gracias a un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), enfrenta ahora un desafío mayor. La audiencia de vinculación, aún sin fecha, podría derivar en prisión preventiva o medidas sustitutivas. En Riobamba, la ciudadanía sigue con atención un caso que ha erosionado la confianza en las autoridades locales, especialmente tras la derrota electoral del correísmo y el fortalecimiento de Acción Democrática Nacional (ADN). Mientras Noboa consolida su poder, el caso Altares pone a prueba la lucha contra la corrupción en un contexto de alta polarización política.
