La vinculación penal del alcalde de Riobamba, John Vinueza, y del exgerente del Mercado Mayorista, Lenín Fuentes, en el caso Altares representa un punto de inflexión crítico para la administración municipal, profundizando la crisis de confianza en las autoridades locales. Las medidas cautelares impuestas —presentación periódica en Fiscalía y prohibición de salida del país— tras la audiencia del 20 de abril de 2025, reflejan la gravedad de las acusaciones de presunta asociación ilícita relacionadas con la supuesta captación de dinero para asignar cupos de taxis rurales.
Contexto del caso Altares y su impacto
El caso Altares, iniciado en 2023 tras una denuncia ciudadana, ha escalado desde allanamientos en enero de 2025, que dejaron nueve detenidos, hasta la vinculación de las máximas autoridades municipales. La Fiscalía, liderada por Mayra Moreno, sostiene que la red operaba mediante la presunta adjudicación irregular de contratos, tráfico de influencias y cohecho, con el eje en la asignación de 220 cupos para taxis rurales a cambio de pagos de hasta USD 10.000 por beneficiario. La cooperación eficaz de testigos, incluida Daniela P. desde Buenos Aires, han fortalecido el caso. El testimonio detalla pagos de USD 75.000, de los cuales USD 50.000 presuntamente habrían llegado a Vinueza, con el resto desviado a “gastos personales” como un vuelo a México, además de depósitos semanales a personas cercanas al alcalde, identificadas como “las mejores amigas” y vinculadas a contratos públicos.
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Opinión sobre la situación
La administración municipal de Riobamba enfrenta un momento de máxima vulnerabilidad. La vinculación de Vinueza, quien superó un intento de remoción en febrero gracias al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no solo debilita su liderazgo, sino que pone en jaque la gobernabilidad local. Las medidas cautelares permiten que siga en funciones, pero su capacidad para gestionar proyectos clave —como la reorganización municipal o la modernización del sistema de agua potable— está comprometida por la desconfianza ciudadana y las protestas anunciadas por colectivos, según posts en X. La renuncia de Fuentes, reportada el 19 de abril, sugiere un intento de limitar el daño político, pero no desvía la atención de las acusaciones contra Vinueza.
El testimonio de cooperación eficaz es un arma de doble filo. Por un lado, ha permitido a la Fiscalía avanzar con pruebas concretas, pero también expone la fragilidad de los controles internos del Municipio. La falta de pronunciamientos claros de Vinueza tras la audiencia, contrastada con su discurso inicial de “facilitar las investigaciones” en enero, alimenta percepciones de opacidad.
