El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, enfrentó este 7 de marzo de 2025 a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional en Quito, respondiendo a las crecientes dudas sobre la calidad de los chalecos y cascos usados por los militares en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cumplen estos equipos con los estándares necesarios para proteger a quienes combaten la violencia?
En una sesión cargada de expectativa, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, compareció este viernes ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional para aclarar las acusaciones sobre la adquisición de chalecos antibalas y cascos entregados a las Fuerzas Armadas. La polémica surgió tras denuncias de que estos equipos, adquiridos a la empresa estadounidense High-End Defense, no cumplirían con estándares internacionales para resistir diversos tipos de municiones, dejando vulnerables a los soldados en operativos contra el crimen organizado.
Loffredo, quien ya había sido señalado por la Asamblea como supuesto responsable político en el caso de los cuatro niños asesinados en Las Malvinas, defendió la idoneidad de las compras realizadas por su cartera. “He venido, como siempre, a satisfacer todas las dudas. La información entregada garantiza que el Ministerio actuó con transparencia y responsabilidad”, afirmó al salir de la comparecencia. Sin embargo, evitó detallar las especificaciones técnicas de los equipos, argumentando que divulgarlas podría ser aprovechado por grupos criminales. “No podemos poner en riesgo a quienes nos protegen revelando datos que el enemigo podría usar en su contra”, subrayó.
El ministro destacó que los chalecos y cascos están siendo utilizados tanto por la tropa como por los oficiales al mando de operativos en zonas críticas del país, como Manabí y Guayaquil. “Recibo buenos comentarios sobre su peso y ergonomía”, aseguró, insistiendo en que los equipos cumplen con las necesidades operativas. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente desde sectores opositores como la Revolución Ciudadana, que exigen una investigación más profunda desde la Comisión de Justicia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, de la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), respaldó al ministro y anunció que el proceso de fiscalización continuará con nuevas comparecencias. Alarcón rechazó las intenciones de otras mesas legislativas de intervenir, calificándolas de “innecesarias”. Una vez concluido el análisis, la comisión elaborará un informe reservado que será presentado al Pleno de la Asamblea, aunque no se precisó una fecha exacta.
El caso de los chalecos militares suma un nuevo capítulo a los desafíos que enfrenta el Ministerio de Defensa en 2025, en un contexto de violencia creciente y tensiones políticas de cara a las elecciones. Mientras el gobierno defiende sus decisiones, la oposición insiste en que la seguridad de los uniformados no puede quedar en entredicho.
La comparecencia de Loffredo deja más preguntas que respuestas sobre la calidad de los equipos militares, en un debate que enfrenta al oficialismo y la oposición en la Asamblea. Con la violencia en aumento y los soldados en la primera línea, la transparencia en las adquisiciones del Ministerio de Defensa sigue siendo un tema candente que podría definir el rumbo político del país.
