El juez de garantías penitenciarias, quien otorgó la libertad a alias ‘Momo’, se encuentra bajo arresto domiciliario y custodia policial mientras se desarrolla una investigación por el recurso utilizado para liberar a este presunto delincuente en diciembre de 2024.
Alias ‘Momo’, identificado como Bryan Vicente A.A., de 25 años, habría presentado certificados médicos que lo diagnosticaban con VIH y tuberculosis para acogerse a un indulto otorgado mediante el decreto ejecutivo 265, emitido durante la presidencia de Guillermo Lasso. Este decreto beneficiaba a reos con enfermedades catastróficas como medida para aliviar el hacinamiento carcelario.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, se pronunció sobre este caso el lunes 27 de enero de 2025 en una entrevista con RadioCentro. Según afirmó, el actual presidente Daniel Noboa derogó el decreto 265 mediante la emisión del decreto 511, dos días después de que la Presidencia conociera sobre la presunta concesión irregular de indultos.
Reformas a la política de indultos
De La Gasca indicó que, con el nuevo decreto 511, la potestad de otorgar indultos será exclusiva del presidente, quien revisará cada caso de manera individual. “Con el decreto 265 de Lasso, a mi parecer inconstitucional, se indultaba a futuro, se creaba un procedimiento para que el SNAI pase las carpetas (de reos) con enfermedades catastróficas y el juez se encargaba”, explicó.
Aunque evitó detallar casos específicos, el ministro aseguró que varios reclusos fueron beneficiados bajo este mecanismo. “Con este decreto han salido sapos y culebras. Una legalidad creada como decreto se degeneró y ha servido para burlar a la justicia”, sostuvo.
Alias ‘Momo’ y su historial criminal
Alias ‘Momo’, vinculado con el caso de los cuatro niños desaparecidos de Las Malvinas, lideraba una banda delictiva en la parroquia rural de Taura, en Naranjal. Su paradero actual es desconocido.
Contexto penitenciario
El decreto 265 surgió en un contexto de hacinamiento penitenciario, cuando las cárceles albergaban a cerca de 39.000 reos en un sistema diseñado para 30.000. Actualmente, Ecuador cuenta con 31.300 presos. Según De La Gasca, buscar alternativas al indulto es fundamental para reducir la sobrepoblación en los centros de detención.
