Un informe del Observatorio Lawfare describe la ola de violencia que se vive en el país desde que Daniel Noboa asumió, el 23 de noviembre del 2023, la Presidencia de Ecuador y cómo Estados Unidos ha sido su apoyo para enfrentar la crisis provocada por 22 grupos calificados de terroristas.
El documento de cinco páginas elaborado por Silvina Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García, repasa la crisis de violencia heredada del Gobierno de Guillermo Lasso.
Solo en el 2023 fueron asesinados al menos nueve políticos ecuatorianos. El caso más llamativo fue el del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
En esa línea, el informe resalta el proceso lawfare impulsado desde 2017, debido a que los medios de comunicación, funcionarios de turno y referentes políticos, culparon del asesinato de Villavicencio al expresidente Rafael Correa y a los sectores políticos afines a él. Fue ahí cuando el Gobierno de Lasso pidió ayuda al FBI (Buró Federal de Investigaciones en español) para esclarecer el caso.
Solo en el 2023, se registraron 7 800 muertes violentas, la tasa más alta en la historia del Ecuador. Ya en 2024, se desencadenó un escenario de una máxima amenaza a la seguridad con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los internos más peligrosos.
El 7 de enero del 2024, con la fuga de Fito, se dio el punto más álgido de la violencia que provocó la toma de las cárceles por parte de las bandas criminales. A eso se sumó la fuga de otros internos.
Todo esto provocó que el 8 de enero del 2024, el Gobierno reconociera la existencia de un conflicto armado interno y declarara un estado de excepción.
Un día después, Noboa reconoció a los 22 grupos delincuenciales como terroristas y dispuso la militarización, dando así su respaldo total a las Fuerzas Armadas. Pero también el mandatario ecuatoriano recibió el apoyo de Estados Unidos para enfrentar la crisis.
El informe, además, recuerda que el 6 de octubre de 2023, el entonces canciller Gustavo Manrique y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, firmaron un acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA).
Este acuerdo otorga privilegios, inmunidad y garantías al personal militar estadounidense, así como al personal civil del Departamento de Defensa y contratistas. El mismo protege a los ciudadanos estadounidenses, pues si hay algún conflicto legal, este debe ser tratado en la justicia de ese país.
El rol actual de Estados Unidos en Ecuador depende de la ratificación de ese acuerdo de seguridad que otorga inmunidad penal y administrativa a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos; libre movilidad sin control en territorio ecuatoriano; y competencia libre para asistencia en combate a la criminalidad.
Esa serie de privilegios, inmunidades y garantías para el personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se las equipara con las que tiene el personal diplomático y son parte de acuerdos y de cooperación en el ámbito militar. Incluso, se toman en cuenta exenciones de impuestos, libertad de movimiento y acceso a instalaciones, entre otros beneficios en los que también están inmersos contratistas estadounidenses en Ecuador.
Las relaciones entre ambos países no son de hoy. Por ejemplo, durante el período 2021 – 2022 la asistencia de Estados Unidos para Ecuador alcanzó los USD 172 millones a través de programas militares y antinarcóticos, convirtiendo a nuestro país en el principal receptor de asistencia militar en la región.
La asistencia brindada por Estados Unidos en materia de seguridad ha estado destinada a combatir la delincuencia organizada y el tráfico ilegal de narcóticos. Se destaca una inversión de más de USD 3 100 millones por parte de Estados Unidos en los próximos siete años, los cuales se contabilizan desde el 2023.
El documento reitera sobre la firma del acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas entre el canciller de Ecuador y el embajador de Estados Unidos. Además, destaca que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene la libertad de contratar pertrechos, suministros, equipos y servicios en Ecuador, así como gozar de la exención de impuestos para los contratistas estadounidenses.
Asimismo, permite la operación de sistemas de telecomunicaciones por parte de Estados Unidos en territorio ecuatoriano, con el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin costo.
Con la ejecución de este acuerdo, Estados Unidos tiene libertad para ejecutar su estrategia de seguridad en el país.
