El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo 21 emitido el 5 de junio de 2025, declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales, creando un comité interinstitucional para combatir esta problemática en el contexto del conflicto armado interno en Ecuador.
En respuesta a la escalada de violencia y el conflicto armado interno que enfrenta Ecuador, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 21 el 5 de junio de 2025, estableciendo como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por grupos armados organizados, terroristas y de delincuencia organizada. La medida, publicada por medios como El Universo y Primicias, busca proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, alineándose con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el reclutamiento de menores en conflictos armados con penas de 10 a 13 años de prisión.
El decreto crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, una instancia interinstitucional encargada de formular e implementar políticas públicas, planes, programas y estrategias para abordar esta crisis. La Presidencia destacó que “la protección de nuestros niños es una prioridad del Gobierno, y no permitiremos que estén en manos de la delincuencia organizada y el terrorismo”. Este comité coordinará esfuerzos entre entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para ofrecer alternativas a los menores en zonas vulnerables, como suburbios, áreas portuarias y fronteras, donde el reclutamiento es más frecuente.
La decisión se enmarca en un contexto crítico. En 2024, el Bloque de Seguridad reportó la detención de 3,086 menores por delitos vinculados a bandas criminales, casi el doble de los 1,889 del mismo período en 2023, según datos de Primicias. Guayas y Pichincha lideran estas cifras, con adolescentes involucrados en crímenes como sicariato, extorsión, secuestro y microtráfico. Entre 2021 y 2024, 8,201 menores fueron aprehendidos, evidenciando un alarmante aumento del reclutamiento por grupos como Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, catalogados como terroristas por Noboa tras el decreto de conflicto armado interno en enero de 2024.
Casos emblemáticos subrayan la gravedad del problema. A inicios de 2025, la Policía rescató a un adolescente reclutado por una banda en Quito, y en 2024 se descubrió que un policía en Manabí entrenaba a menores como sicarios. Organizaciones como Unicef han instado a tipificar el reclutamiento de menores como delito específico, señalando que la pobreza, los hogares disfuncionales y la falta de oportunidades convierten a los niños en “caldo de cultivo” para el crimen organizado, que los atrae con promesas de videojuegos o teléfonos de alta gama.
El decreto se complementa con otras iniciativas de Noboa, como el proyecto de ley urgente enviado a la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2025 para desarticular la economía criminal, que incluye medidas para cortar el financiamiento de grupos delincuenciales. Sin embargo, expertos como los citados por GK advierten que el COIP ya sanciona la trata de personas, que incluye el reclutamiento de menores, y sugieren fortalecer las leyes existentes en lugar de crear nuevas. La propuesta legislativa, que espera aprobación en el Legislativo dominado por Acción Democrática Nacional (ADN), también ha sido cuestionada por abordar múltiples temas más allá de lo económico, lo que podría complicar su paso por la Corte Constitucional.
Ecuador enfrenta un desafío estructural. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), 391 menores estaban recluidos en centros de adolescentes infractores en 2023, y más de 4,500 procesos penales contra adolescentes se registraron desde 2021, un 26% más que en ese año. La militarización ordenada por Noboa ha mostrado resultados, como la reducción de la tasa de homicidios de 48 a 38 por 100,000 habitantes entre 2023 y 2024, pero el reclutamiento de menores sigue creciendo, especialmente en provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí, corredores clave para el narcotráfico y el contrabando.
Con el Decreto 21, Daniel Noboa pone la protección de menores frente al reclutamiento delincuencial como una prioridad nacional, creando un comité para liderar la lucha contra esta violación de derechos humanos. En un Ecuador marcado por la violencia y el conflicto armado interno, la implementación efectiva de estas políticas será clave para salvar a miles de niños y adolescentes de las redes del crimen organizado, un desafío que exige acción conjunta y sostenida.
