A menos de una semana para la instalación de la nueva Asamblea Nacional, la asambleísta electa del correísmo, Priscila Schettini, no podrá asumir su curul luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera la ejecución inmediata de la sentencia que le suspende sus derechos políticos por tres años por violencia política de género contra la fiscal general, Diana Salazar.
El Pleno del TCE resolvió el 9 de mayo de 2025, con tres votos a favor, uno concurrente y un voto salvado, “dar por atendido” un recurso de aclaración presentado por Schettini. Esto permite la ejecución inmediata de la sanción impuesta, que incluye además el pago de una multa de USD 22.500.
La medida también alcanza a la abogada Angélica Porras, quien fue sancionada con dos años de suspensión de derechos políticos y una multa de USD 13.500. El juez Joaquín Viteri, ponente del caso, destacó que ambas figuras lideraron una campaña de desprestigio contra la fiscal general, relacionada con acusaciones sobre un supuesto plagio en su tesis doctoral.
Viteri enfatizó que la causa no busca determinar si hubo o no plagio, sino que se centra en las expresiones denigrantes, intimidatorias y violentas utilizadas durante esa campaña, que van más allá de la crítica legítima hacia una funcionaria pública.
Además, se rechazó la solicitud de Schettini de ser defendida por su pareja, Freddy Carrión, abogado que actualmente cumple una condena en prisión por un caso de violación. Según Viteri, "las partes deben designar abogados que no estén impedidos para ejercer, evitando dilaciones injustificadas del proceso".
Podrán quitarme TODO pero JAMÁS la dignidad de ser la REPRESENTANTE LEGÍTIMA del pueblo ecuatoriano, como Asambleísta Nacional de @RC5Oficial
— Priscila Schettini (@PrisSchettini) May 9, 2025
Ni la Fiscal General #DianaSalazar, ni sus jueces de BOLSILLO del @TCE_Ecuador podrán hacerlo
Desde la @AsambleaEcuador quiero… pic.twitter.com/pavF6V6sQG
En respuesta a la decisión judicial, Schettini publicó en redes sociales una imagen junto a sus credenciales legislativas, asegurando que seguirá luchando y agradeciendo a quienes la apoyaron en las urnas.
Esta resolución deja en evidencia el creciente debate sobre los límites entre la crítica política y la violencia política de género. La sentencia hace referencia incluso al caso Gustavo Petro vs. Colombia, aunque se recalca que las circunstancias son diferentes. Mientras tanto, Santiago Díaz Asque, asambleísta alterno, ocupará la curul vacante.