El 17 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa presentó una ley urgente que propone reformas penales inspiradas en El Salvador, con penas de hasta 30 años, allanamientos sin orden judicial y justicia especializada para desmantelar economÃas criminales en el conflicto armado interno.
Desde enero de 2024, Ecuador enfrenta un conflicto armado interno tras la fuga de Adolfo MacÃas (“Fito”), lÃder de Los Choneros, con 2,361 homicidios registrados hasta mayo de 2025, según la PolicÃa Nacional. Bandas como Los Lobos, Chone Killers y Tiguerones, vinculadas al narcotráfico y la extorsión, son objetivos militares. El proyecto de Noboa introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y crea una justicia especializada, con las siguientes medidas clave:
1. Penas por pertenencia a grupos armados: Una nueva sección en el COIP castigará con 22 a 26 años de prisión la participación en grupos armados organizados, y hasta 30 años para lÃderes. Similar a la reforma salvadoreña de 2022, que impone hasta 45 años por pandillerismo, la propuesta no detalla cómo identificar la afiliación, lo que preocupa a AmnistÃa Internacional por métodos discrecionales como tatuajes o vÃnculos familiares. En enero de 2025, un tribunal de San Salvador condenó a tres jóvenes por gestos pandilleros en redes sociales, según .
2. Allanamientos y detenciones sin orden judicial: Se permitirán allanamientos a lugares ligados a grupos armados y detenciones investigativas de 24 horas sin autorización judicial, supervisadas por jueces especializados. El Bloque de Seguridad (policÃas y militares) definirá los protocolos, emulando los allanamientos masivos de El Salvador, criticados por Human Rights Watch por detenciones arbitrarias.
3. Prisión preventiva obligatoria: La prisión preventiva será la medida cautelar estándar durante el conflicto armado, sin alternativas como grilletes electrónicos, al igual que en El Salvador, donde se eliminaron medidas sustitutivas en 2022, prolongando detenciones sin juicio.
4. Justicia especializada: Se establecerá un procedimiento unificado con audiencias únicas resueltas por jueces especializados, convocadas en 15 dÃas tras la detención. Fiscales que no acusen deberán justificar su decisión en tres dÃas ante un superior. El Consejo de la Judicatura y la FiscalÃa tendrán 90 dÃas para formar estas unidades, similar a las audiencias masivas de El Salvador, aunque sin alcanzar su escala de 500 procesados.
La Asamblea, presidida por Niels Olsen (ADN), tramitará la ley en la Comisión de Justicia, controlada por el oficialismo, según @radiocentroec. ADN, con 66 curules y aliados de Pachakutik y el PSC, enfrenta a Revolución Ciudadana (RC), con 67 curules, debilitada por la posible escisión de RETO. Posts en X, como @notimundoec, muestran apoyo ciudadano a las reformas por la inseguridad en Durán y Guayaquil, pero también alertas de la Fundación CiudadanÃa y Desarrollo sobre riesgos de abuso, citando los 7,000 inocentes detenidos en El Salvador, según la ONU. La ley, si se aprueba, podrÃa reforzar el control de Noboa sobre el sistema judicial, en un contexto donde el caso de Jorge Glas y la violencia de bandas como Chone Killers dominan el debate público.
Cierre:
La ley urgente de Noboa promete desarticular economÃas criminales con medidas drásticas, pero su similitud con el modelo de Bukele genera temores de autoritarismo. Con 30 dÃas para su trámite, la Asamblea definirá si Ecuador prioriza la seguridad o protege las garantÃas individuales en su lucha contra el crimen.
