La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate de la Ley de Solidaridad Nacional, propuesta por el presidente Daniel Noboa, con ajustes que refuerzan la lucha contra el crimen organizado, alinean a aliados como Pachakutik y el PSC, y buscan evitar inconstitucionalidades.
El 27 de mayo de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, liderada por Valentina Centeno de Acción Democrática Nacional (ADN), aprobó con ocho votos a favor el informe para el primer debate de la Ley de Solidaridad Nacional, originalmente presentada por el presidente Daniel Noboa como Ley de EconomÃas Criminales. El proyecto, que será discutido en el pleno el 30 de mayo a las 09:00, incorpora cambios significativos tras recoger aportes de 23 expertos, incluyendo juristas, empresarios y fuerzas del orden, para fortalecer la seguridad pública y evitar posibles inconstitucionalidades.
El informe refleja un esfuerzo por alinear a las bancadas aliadas, como los seis legisladores de Pachakutik que apoyan al oficialismo y el Partido Social Cristiano (PSC). Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, destacó la eliminación de un artÃculo que podrÃa criminalizar la protesta social en el contexto del conflicto armado interno, un temor expresado por sectores indÃgenas. Además, se suprimieron atribuciones excesivas otorgadas al Bloque de Seguridad en la propuesta original, atendiendo preocupaciones sobre el equilibrio de poderes.
El proyecto original de Noboa, con 32 artÃculos, fue reducido a 14, pero se ampliaron las disposiciones generales, reformatorias y transitorias. Entre los cambios clave están:
- Objetivo redefinido: Mientras Noboa proponÃa medidas financieras, tributarias y de seguridad para desarticular economÃas criminales, la Asamblea prioriza fortalecer a las Fuerzas Armadas y la PolicÃa en el marco del conflicto armado interno.
- Indultos: El texto original permitÃa indultos anticipados a procesados por el conflicto armado sin sentencia ejecutoriada. La Asamblea establece que los indultos solo procederán tras la fase preprocesal o en etapas avanzadas del proceso judicial.
- Pertenencia a grupos delictivos: Noboa planteaba penas de 22 a 26 años por participar en grupos armados, y hasta 30 años por roles de dirección. La Comisión añadió sanciones de 20 a 26 años para colaboradores esporádicos, incluso en actos secundarios.
- Allanamientos: La propuesta original permitÃa allanamientos sin orden judicial, con aval posterior de un juez especializado. La Asamblea exige un informe de inteligencia del Centro de Inteligencia Estratégica y control posterior por jueces de anticorrupción y crimen organizado.
- Aprehensiones: Noboa proponÃa detenciones de 24 horas por el Bloque de Seguridad; la Asamblea cambió “detención” por “aprehensión” y extendió el plazo a 48 horas.
- Prisión preventiva: Aunque Noboa planteaba la prisión preventiva como única medida cautelar, la Asamblea subraya que no debe ser la regla general.
- Juzgamiento: El Ejecutivo buscaba audiencias en 15 dÃas; la Comisión, siguiendo a penalistas, amplió el plazo a 90 dÃas para procesos más robustos.
- Incentivos tributarios: Se mantiene la rebaja de hasta el 30% del Impuesto a la Renta para donaciones a las fuerzas del orden, incluyendo bienes inmuebles, una adición de la Asamblea.
Otto Vera, asambleÃsta del PSC, señaló que el informe mejora el texto original, aunque “aún hay que hilar fino” para el segundo debate, previsto antes del 15 de junio de 2025. La alianza con Pachakutik y el PSC asegura un respaldo sólido en el pleno, aunque se anticipan discusiones sobre las reformas penales, que algunos juristas comparan con el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador.
La Ley de Solidaridad Nacional, ajustada por la Asamblea, refleja un esfuerzo por equilibrar medidas duras contra el crimen organizado con salvaguardas constitucionales, respondiendo a las crÃticas de aliados y sectores sociales. Con el primer debate a la vista, el proyecto de Noboa se consolida como un pilar de su estrategia de seguridad, pero su impacto dependerá de la capacidad de la Asamblea para afinar los detalles y garantizar su legalidad en un contexto de creciente delincuencia.
