La Fiscalía de Ecuador presentó 177 pruebas y solicitó que Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Anabel Torres, exjueza prófuga, sean llevados a juicio por presunta asociación ilícita en el caso Pantalla, que investiga irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia de 2023.
El 27 de mayo de 2025, en el tercer día de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Pantalla, el conjuez nacional Édison Cantos declaró la validez de las actuaciones de la Fiscalía, allanando el camino para un posible juicio contra Wilman Terán y Anabel Torres. El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, presentó 177 elementos de convicción y pidió que ambos procesados sean llamados a juicio por el delito de asociación ilícita, además de ratificar las medidas cautelares, como la prisión preventiva de Terán y la orden de captura internacional contra Torres, quien permanece prófuga.
El caso Pantalla, iniciado en febrero de 2024 por la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia de la Fiscalía, investiga presuntas maniobras en el concurso para seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en 2023, dirigido por Terán, entonces presidente de la Judicatura. Según la Fiscalía, funcionarios de alto nivel, liderados por Terán, manipularon el proceso para favorecer a ciertos postulantes, entre ellos Anabel Torres, señalada como su presunta pareja sentimental. Las irregularidades incluyeron acceso a información privilegiada, como el banco de preguntas del examen, y la suplantación de pruebas, como el caso de Torres, cuyo examen teórico habría sido realizado por el exasesor Santiago Cifuentes.
Testimonios de testigos protegidos, como José Andrés M.A., excoordinador del despacho de Terán, y Álex Palacios, exasesor, revelaron una estructura de poder que incluía un grupo denominado “Ángeles Negros” para posicionar políticamente a Terán, quien aspiraba a la presidencia de Ecuador, y una “legión rural” con hombres armados para intimidar. Además, se denunció la existencia de un “troll center” llamado “El Ejército Invisible”, financiado con USD 30,000, para difundir desinformación y atacar a adversarios políticos.
La Fiscalía también destacó que el concurso fue anulado en enero de 2024 tras detectarse vicios como la aceptación de postulaciones fuera de plazo y cambios irregulares en calificaciones. Toainga solicitó que se mantengan las medidas de prisión preventiva para Terán, recluido en la Cárcel 4 de Quito, y que se emita una nueva difusión roja de Interpol para localizar a Torres, quien salió del país por Huaquillas en octubre de 2024.
La audiencia se retomará el 28 de mayo de 2025 a las 10:00 para continuar con las intervenciones de las defensas y resolver los planteamientos de nulidad presentados por Terán, quien ejerce su propia defensa y ha alegado vicios procesales durante más de tres horas en la audiencia del 28 de abril.
El caso Pantalla expone un entramado de corrupción en la Judicatura que, según la Fiscalía, buscaba controlar la Corte Nacional de Justicia para fines políticos y personales. Con Terán enfrentando tres procesos penales (Metástasis, Independencia Judicial y Pantalla) y Torres prófuga, el caso pone en el centro el desafío de garantizar la transparencia en el sistema judicial ecuatoriano. La resolución del conjuez Cantos en los próximos días será clave para determinar si el caso avanza a juicio, mientras el país observa el desenlace de una de las investigaciones más relevantes sobre corrupción judicial.
