El alcalde de Riobamba, John Vinueza, anunció la implementación de una moratoria de cinco años para la entrega de nuevos cupos de taxis urbanos y rurales en el cantón. La medida fue formalizada mediante la Resolución N° GADMR-ALC-2024-0112-R, por cinco años la creación de nuevas cooperativas y la asignación de permisos adicionales para transporte. Según el municipio, la decisión responde a un informe técnico elaborado por la Dirección de Movilidad, que recomienda mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda del servicio.
La resolución municipal se da en medio de una investigación fiscal en contra del alcalde por presunta asociación ilícita relacionada con la asignación de permisos para taxis rurales en el cantón. Vinueza negó cualquier vínculo entre la moratoria y el caso penal en su contra, asegurando que la medida técnica ya estaba en proceso desde antes de los señalamientos. "Esta moratoria no tiene nada que ver con una investigación. Si alguien quiere revisar documentos, aquí están: las impresoras del municipio están listas para entregar toda la información", declaró.
Declaraciones del alcalde frente a la investigación
Durante una intervención pública, Vinueza abordó los cuestionamientos en su contra y ofreció detalles sobre el caso. En relación a los cupos de taxis rurales, aclaró que el municipio no tiene competencia para autorizar vehículos de carga mixta, como camionetas rurales, ya que esta función corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Respecto a la investigación fiscal, cuestionó el momento en que se citó a una audiencia relacionada con el caso, sugiriendo posibles motivaciones políticas. "¿No podían esperar dos días después de los desfiles? ¿Qué se busca con esto?", afirmó. Asimismo, destacó que el municipio ha solicitado exámenes especiales por parte de la Contraloría y ofreció transparencia absoluta, poniendo a disposición los archivos municipales. "Si tienen pruebas, preséntenlas. Aquí no hay nada que esconder", concluyó.
Antecedentes del caso Altares
El caso Altares, iniciado en 2023 tras una denuncia ciudadana, investiga una presunta red de corrupción vinculada a la asignación irregular de 220 cupos para taxis rurales. Según la Fiscalía, liderada por Mayra Moreno, habrían ocurrido presuntos cobros irregulares de hasta USD 10.000 por beneficiario. El 20 de abril de 2025, Vinueza y otras personas fueron vinculados al caso bajo los cargos de presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Como medida cautelar, se les impuso presentación periódica y prohibición de salida del país.
