Este 31 de marzo de 2025, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció una medida contundente: presentará un pedido de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. La solicitud se sustenta en la reiterada negativa de la funcionaria a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, así como en su presunta responsabilidad en dos casos clave que han generado controversia nacional: las contrataciones emergentes de Celec y el controvertido proceso de adjudicación del Campo Sacha (Bloque 60).
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, confirmó que el trámite para iniciar el juicio político será presentado en los próximos días. Según Aguirre, la ministra ha ignorado cuatro convocatorias formales para explicar irregularidades vinculadas al sector energético y petrolero, lo que obstaculiza la labor fiscalizadora del Legislativo. “No vamos a permitir que la falta de transparencia ponga en riesgo los intereses del país”, declaró la legisladora, subrayando la importancia de investigar estos asuntos urgentes.
Los casos bajo la lupa
El foco de la investigación se centra en dos temas prioritarios:
1. Contrataciones emergentes de Celec: La Comisión analiza convenios realizados con empresas como Progen Industries y Austral Technical Management. Estos acuerdos, cuya legalidad ha sido cuestionada, podrían representar graves inconsistencias administrativas que comprometen los recursos públicos.
2. Proceso de adjudicación del Campo Sacha (Bloque 60): Este caso ha generado especial polémica debido a la falta de cumplimiento contractual por parte del consorcio Sinopetrol. A pesar de que el 11 de marzo de 2025 venció el plazo para que la empresa pagara una prima de USD 1.500 millones, condición indispensable para operar el bloque, el Gobierno no dio de baja el trámite. En cambio, habría iniciado negociaciones con otras compañías, levantando sospechas sobre posibles maniobras irregulares.
Aguirre criticó duramente la actitud de Manzano, señalando que su ausencia refleja una actitud evasiva frente a problemas críticos para la nación. Además, anunció que presentará quejas formales contra los miembros de la mesa de la Comisión, a quienes acusa de entorpecer la investigación al violar resoluciones previamente adoptadas por el Pleno de la Asamblea Nacional.
El caso del Campo Sacha no solo evidencia tensiones políticas, sino también preocupaciones sobre la gestión de los recursos estratégicos del país. El bloque, ubicado en una zona de alta producción petrolera, es vital para la economía nacional. Sin embargo, la falta de claridad en su adjudicación ha generado desconfianza entre sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional.
La decisión de la bancada de la Revolución Ciudadana refleja la creciente fricción entre el Legislativo y el Ejecutivo en materia de transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, el futuro del Campo Sacha sigue siendo una incógnita, dejando en el aire interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger los intereses nacionales frente a actores privados.
