La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde este viernes, 28 de febrero de 2025, al nuevo estado de excepción del presidente Daniel Noboa, pero con condiciones: creó una comisión interinstitucional para combatir la inseguridad y anuló la medida en cárceles y un cantón por falta de sustento. ¿El objetivo? Enfrentar la violencia que azota al país.
Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional aprobó el Decreto Ejecutivo 493, emitido el 2 de enero por Noboa, que declara un estado de excepción por 60 días en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito, y los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay), además de las cárceles. Sin embargo, la medida fue declarada inconstitucional en La Troncal y los centros penitenciarios por no contar con justificaciones suficientes.
En su dictamen, el organismo ordenó la creación de una Comisión Interinstitucional para coordinar y aplicar medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. La Presidencia, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, SNAI, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tienen 20 días improrrogables para conformarla. La resolución también rechazó la causal de "conflicto armado interno" al no cumplir con los requisitos de organización e intensidad.
La Corte ratificó la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio (limitada a allanamientos), la correspondencia y la libertad de tránsito en zonas focalizadas, medidas que buscan controlar la inseguridad. Además, exhortó a la Fiscalía y otras autoridades a investigar con rapidez y rigor las denuncias de violaciones a derechos humanos durante este período.
El fallo, aprobado el 21 de febrero, contó con el respaldo de los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada, Richard Ortiz y Daniela Salazar. En contra votaron Carmen Corral, Enrique Herrería y Teresa Nuques, quienes cuestionaron la creación de la nueva comisión.
El estado de excepción sigue en pie, pero con ajustes y una nueva apuesta institucional para frenar la ola de violencia. Mientras el país espera resultados, la Corte Constitutional pone plazos y condiciones para que las autoridades actúen con urgencia frente a una crisis que no da tregua.
