Los ministerios de Defensa y del Interior presentaron este martes una solicitud ante un tribunal para revocar la sentencia de hábeas corpus en el Caso Las Malvinas. La jueza que emitió el fallo calificó la desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados semanas después.
Las víctimas fueron los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto con Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, residentes del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Los hechos
La noche del 8 de diciembre, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla, quienes respondían a una alerta de asalto en la zona. Según los uniformados, los trasladaron hasta Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, y los dejaron en libertad. Sin embargo, después de ese momento, no se tuvo más información sobre su paradero.
Tras varios días sin noticias, las familias presentaron un hábeas corpus, y la jueza Tanya Loor determinó que hubo una "desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano". Ordenó activar protocolos de búsqueda y dispuso que el Ministerio de Defensa ofreciera disculpas públicas.
Recurso de apelación del Gobierno
El Gobierno apeló la sentencia, argumentando que la jueza excedió sus competencias al atribuir responsabilidad estatal por desaparición forzada mediante un hábeas corpus, ya que ese tipo de determinaciones corresponden a la vía penal.
Jessica Vergara, abogada del Ministerio del Interior, sostuvo que el fallo adelantaba una posible imputación penal, lo que no correspondía al proceso. Además, recordó que la Fiscalía ya había iniciado una investigación penal y que la búsqueda de los menores estaba en curso cuando se emitió la sentencia.
Pocos días después, Criminalística identificó que unos cuerpos calcinados hallados en una zona cercana a donde los militares dijeron haber dejado a los menores correspondían a las víctimas.
Reacciones de la defensa de las familias
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y representante de las familias, criticó la apelación del Gobierno y defendió la competencia de los jueces constitucionales en estos casos.
Sostuvo que la desaparición forzada no solo es un delito penal, sino también una vulneración de derechos humanos, lo que permite su análisis en el ámbito constitucional.
Bastias adelantó que, en caso de revocarse la sentencia, acudirán a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección.
"Esta apelación envía un mensaje de impunidad, porque excluye la responsabilidad estatal y pone en duda la responsabilidad penal de los 16 militares", afirmó.
