La crisis institucional en Ecuador se profundiza luego de que la vicepresidenta Verónica Abad denunciara este 10 de enero de 2025 una serie de acciones legales en su contra, incluyendo una denuncia penal y la revocatoria de sus medidas de protección, tras su solicitud de activación de la Carta Democrática de la OEA.
A través de su cuenta en la red social X, Abad reveló que enfrenta una denuncia penal presentada el 4 de enero por "usurpación y retención ilegal del mando". La situación se agravó cuando la Junta Cantonal de Derechos Humanos revocó sus medidas de protección, decisión que la vicepresidenta atribuye a motivaciones políticas.
En sus declaraciones, Abad cuestionó directamente el cambio del juez en su causa, señalando al magistrado Esteban Calderón y dirigiendo interrogantes al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, sobre las razones de esta modificación. La vicepresidenta sugirió que estos cambios podrían formar parte de una estrategia de intimidación.
La funcionaria amplió sus denuncias acusando al Ejecutivo de persecución política y abuso de poder, llegando a advertir sobre un presunto "golpe de Estado encubierto". Como medida preventiva, responsabilizó públicamente al presidente Noboa y su gabinete por su seguridad personal y la de su familia.
“No contentos con eso, hoy recibimos la revocatoria de mis medidas de protección de la Junta Cantonal de Derechos Humanos realizada por un nuevo juez, Esteban Calderón, favorable a los intereses del Dictador/Candidato. ¿Hizo otra visita sorpresa presidente de la Judicatura, Mario Godoy, explique, ¿por qué el cambio del juez de mi causa, es acaso para intimidarme?”, dijo.
