Un revelador estudio de InSight Crime, titulado "Tras las rejas, fuera de control: la caída de las prisiones de Ecuador y el ascenso de sus mafias", expone la existencia de un complejo sistema financiero ilegal dentro de las cárceles ecuatorianas, donde grupos criminales operan bancos que otorgan préstamos a internos con altas tasas de interés.
La investigación, que coincide con los hallazgos del investigador Luis Córdova Alarcón, destaca cómo la llamada "paz mafiosa" se gestó durante el gobierno de Rafael Correa, mediante acuerdos no transparentes entre autoridades y líderes criminales. Esta situación permitió el florecimiento de economías criminales mientras el país proyectaba una imagen de seguridad.
Según el informe, las familias de los reclusos se ven obligadas a pagar un promedio de $250 para que sus familiares accedan a necesidades básicas como alimentación y cobijas. El dinero generado por estas actividades ilícitas no solo se lava a través de empresas fachada, sino que incluso ha permitido a grupos criminales establecer fundaciones sociales, como en el caso de Los Tiguerones en Esmeraldas.
La denominada "zona gris criminal" -espacio donde convergen acciones estatales y criminales- se ha convertido en un territorio de negociación implícita que beneficia tanto a funcionarios gubernamentales como a grupos delictivos. Los investigadores señalan que las mayores masacres carcelarias ocurrieron precisamente cuando estos acuerdos tácitos se vieron amenazados por cambios de gobierno.
