El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) inició el proceso de contratación para la construcción y equipamiento de un nuevo Centro de Privación de Libertad en Archidona, provincia de Napo. Este proyecto, que tendrá un costo de USD 51,97 millones, sin incluir impuestos, está previsto para ejecutarse en un plazo de 300 días.
Participación de Empresa Española-China
El Gobierno invitó a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la estatal china China Road and Bridge Corporation (CRBC), para liderar la construcción. Esta compañía ya tiene experiencia en el país, pues actualmente está a cargo de la edificación de la Cárcel Del Encuentro, en Santa Elena.
Como en proyectos anteriores, el Ejecutivo declaró como reservada toda la información relacionada con esta obra, una decisión que ha generado críticas y solicitudes de mayor transparencia.
Inspiración en Modelos Internacionales
El presidente Daniel Noboa, al inicio de su mandato, anunció la construcción de dos nuevas cárceles inspiradas en el modelo implementado por El Salvador, conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Sin embargo, no hay evidencia de que las empresas involucradas en los proyectos ecuatorianos hayan participado en la construcción de la prisión salvadoreña.
Controversia Local y Medidas Judiciales
Desde su anuncio, el proyecto ha enfrentado oposición en Archidona. La asambleísta por Napo, Sandra Rueda, y la delegada de la Defensoría del Pueblo en Napo, Yajaira Curipallo, han cuestionado el proceso, señalando falta de transparencia y afectaciones potenciales a la región.
En agosto, la Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares para frenar el proyecto y anular la declaratoria de reserva de información. Sin embargo, en octubre, el Tribunal de la Corte Provincial de Napo desestimó la acción, argumentando que el procedimiento debía seguir vías alternativas.
Detalles del Proyecto
El Centro de Privación de Libertad de Archidona es el segundo anunciado por el actual Gobierno, tras el proyecto en Santa Elena. Ambas cárceles se enmarcan en una estrategia nacional para enfrentar la crisis de seguridad en los centros penitenciarios.
Pese a la polémica, el contrato está programado para adjudicarse a una empresa extranjera el próximo 9 de diciembre de 2024, y las obras deberán completarse en un tiempo récord de 300 días, según el cronograma oficial.
