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La FGE Responde a los Periodistas Boscán y Velásquez

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha respondido a las acusaciones de los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velásquez, quienes revelaron un presunto informe de espionaje hallado en el teléfono del asesinado empresario Rubén Chérres. La respuesta de la FGE se produce tras la decisión de los periodistas de abandonar Ecuador y solicitar asilo en Canadá, citando amenazas a su seguridad.


La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que abordó las recientes denuncias de los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velásquez. Los reporteros alegaron que un informe de inteligencia, encontrado en el teléfono del empresario Rubén Chérres tras su asesinato en marzo de 2023, indicaba un presunto espionaje en su contra. 

Boscán y Velásquez, temiendo por sus vidas tras la divulgación del informe, decidieron salir de Ecuador y buscar asilo en Canadá. En su pronunciamiento, la FGE aclaró que ambos periodistas han sido incorporados al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt), y destacó que la fiscal general, Diana Salazar, solo tiene competencia en casos bajo el fuero de la Corte Nacional, mientras que los casos provinciales están bajo la jurisdicción de fiscales locales.

La Fiscalía desmintió cualquier alegación de interferencia en los casos y subrayó que sus fiscales actúan con total autonomía. La institución también criticó a Boscán por haber hecho públicos detalles de un caso en investigación previa, lo que va en contra del artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La FGE explicó que su retraso en emitir una respuesta se debió a un esfuerzo por no interferir en los procesos judiciales en curso. En respuesta al comunicado oficial, Boscán utilizó la red social X (anteriormente Twitter) para expresar su descontento, criticando el pronunciamiento de la Fiscalía y acusando a la institución de no brindar protección adecuada a su familia. El periodista también indicó que recibió una copia del informe de seguimiento solo en julio de 2024, a pesar de haber solicitado acceso varios meses antes, y citó una respuesta de la fiscal Salazar que consideró despectiva.

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