La defensa de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, ha advertido sobre los riesgos que enfrenta su clienta en prisión, pero el juez Javier de la Cadena negó su solicitud de revisión de la medida cautelar. Gallardo, quien está vinculada al caso Purga, permanecerá en prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi.
Este jueves 26 de septiembre, el juez Javier de la Cadena negó el recurso de revisión presentado por la defensa de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, procesada en el caso Purga por presunta delincuencia organizada. A pesar de los argumentos presentados, en los que se indicaba que su vida está en riesgo debido a acoso sexual y maltratos dentro de la cárcel, Gallardo deberá seguir cumpliendo su prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.
Mientras tanto, la jueza Silvia Orozco, también implicada en el mismo caso, tuvo una suerte distinta. La medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra fue sustituida por la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de salida del país.
El caso Purga involucra a Gallardo y a otros funcionarios judiciales en presuntos actos de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, Gallardo habría intervenido en decisiones judiciales clave, como la remodelación del piso del salón de la Presidencia de la Corte, supuestamente financiada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, se le acusa de haber modificado la composición del tribunal en el caso del Banco del Pacífico para favorecer al exasambleísta Pablo Muentes, procesado en la misma causa.
Otro de los cargos en su contra es haber intentado contactar con José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal ‘Los Choneros’. Estos hechos forman parte de las investigaciones que han sacado a la luz una red de corrupción judicial vinculada a miembros del crimen organizado.
Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, tuvo en su poder una de las causas presentadas por el Banco del Pacífico en contra del exasambleísta Pablo Muentes, considerado el líder de la red delictiva en el caso Purga. Las investigaciones surgieron tras el peritaje al celular de la relacionista pública Mayra Salazar, que reveló la compra de jueces para obtener fallos favorables en favor de los miembros de la organización.
