El exasambleísta Galo Lara denunció el 6 de septiembre de 2024 una serie de irregularidades graves en la operación de los radares de velocidad en Ecuador. Durante una rueda de prensa, Lara expresó su satisfacción por la decisión de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) de iniciar el proceso de suspensión de 163 radares y de investigar a más de 300, a la vez que compartió evidencias de problemas en el sistema.
Lara señaló que, tras un exhaustivo recorrido por varias regiones del país, identificó diversas irregularidades en la instalación y operación de los radares. Entre los problemas detectados se incluyen radares ubicados en curvas y pendientes, dispositivos situados en coordenadas no autorizadas, y una cantidad mayor de radares de la permitida, como en la vía Jujan-Babahoyo. También reportó casos de multas notificadas con retraso de hasta 72 horas, falta de señalética adecuada, y cobro de tasas adicionales por las notificaciones de multas.
El exlegislador también reveló que algunos consorcios responsables de los radares manejan la recaudación de multas a través de bancos privados, lo que impide que los fondos lleguen directamente a las cuentas de las instituciones públicas. Lara criticó duramente la gestión de estos consorcios, afirmando que algunos de sus propietarios incluso presumen de su riqueza en redes sociales, como la posesión de un Ferrari.
Lara ha solicitado a la Fiscalía que investigue a los dueños de los consorcios de radares y que impida su salida del país. Además, el exasambleísta anunció que su próximo objetivo es exigir la devolución del dinero recaudado por las multas a los ciudadanos afectados. "Nos mintieron, nos dijeron que los siniestros iban a bajar. Mentiras. Son sapos y ambiciosos los dueños de los radares", concluyó Lara.
