Reubicación y Desvinculación en el Consejo de la Judicatura por Investigación de Concusión
Dos funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) continúan en funciones pero han sido reubicados, mientras que tres exfuncionarios están siendo investigados por la Fiscalía por el presunto delito de concusión. Este delito implica la supuesta exigencia de dinero para favorecer a postulantes en el concurso de selección de jueces nacionales.
Los dos funcionarios actuales, que laboraban en la planta central del CJ, fueron trasladados a otras direcciones ajenas al concurso de jueces. Este cambio fue decidido por el Pleno de la Judicatura, presidido por Mario Godoy. Se conoció que uno de estos funcionarios padece una enfermedad catastrófica, cáncer, mientras que el otro se mantiene en funciones gracias al expresidente del CJ, Álvaro Román.
Solanda Goyes, vocal de la Judicatura, subrayó que los funcionarios ya no están en la planta central, y que su reubicación responde a procesos administrativos. Añadió que en los últimos cuatro meses, han sido destituidos 53 servidores judiciales, demostrando que no han dudado en tomar medidas disciplinarias. Godoy explicó que el cambio de área para los funcionarios investigados era necesario y solicitó informes para revisar todas las actuaciones administrativas internas.
Álvaro Román, expresidente del CJ, felicitó a la Fiscalía por su acción, mencionando en su cuenta de X que estos funcionarios fueron desvinculados durante su gestión. "Siempre se hizo una gestión con transparencia", afirmó Román.
Aunque no se ha revelado la identidad de los investigados, Godoy sugirió que tenían vínculos cercanos con la Secretaría, la Dirección General, la Coordinación Jurídica y la Escuela de la Función Judicial. La institución está dispuesta a proporcionar toda la información necesaria a la Fiscalía.
El caso está en la etapa de indagación previa, donde la investigación es reservada. Durante una rueda de prensa el 26 de julio, los vocales de la Judicatura no ofrecieron detalles adicionales. La Fiscalía ejecutó un operativo simultáneo el 25 de julio en Pichincha, Santo Domingo y Azuay, allanando inmuebles y recabando pruebas como computadoras y dispositivos electrónicos, que ahora están en cadena de custodia.
