Miles de familias en Guayaquil, Ecuador, comenzaron a recibir los títulos de propiedad de sus casas después de un proceso de consolidación de casi 25 años. Sin embargo, muchas de estas viviendas se encuentran en zonas de invasiones y son propiedad de bandas criminales que exigen el pago de arriendo a los residentes.
La zona de invasiones en los extramuros de la ciudad cuenta con 12.000 familias y 45.000 habitantes, que viven en casas de caña o en viviendas prefabricadas a medio terminar, en su mayoría. Bandas criminales como Los Águilas les exigen el pago de USD 1 diario (USD 30 mensuales) por vivienda, según contaron vecinos.
La falta de agua potable por tubería encarece el servicio y las familias gastan una media de USD 2 al día por dos tanques de 55 galones, que adquieren a camiones tanqueros. La seguridad y el Quinto Acueducto, la mayor inversión de Guayaquil para 2024, son las principales demandas de los residentes de la zona.
El Concejo Cantonal de Guayaquil sesionó este 27 de junio en Ciudad de Dios, uno de los lugares más marginales del noroeste de Guayaquil, donde los miembros de la Corporación Municipal advirtieron con salir a marchar contra el gobierno de Daniel Noboa. Concejales y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reclamaron al Gobierno Nacional una garantía crediticia que exige la CAF -financista de la obra- para que la alcaldía pueda iniciar el proyecto de agua potable de Quinto Acueducto en esa zona y en Monte Sinaí.
La entrega de títulos y falta de servicios El Municipio de Guayaquil entregó este jueves 1.000 nuevos títulos de propiedad a los habitantes de Ciudad de Dios, bautizada así -como la película brasileña de 2002- por los primeros evangélicos protestantes que se asentaron en el sector. La Municipalidad había entregado 1.300 títulos con anterioridad. Y hasta octubre próximo se prevén entregar otros 1.000 más, para concluir el año con 3.300. El Concejo ha aprobado la entrega de 9.000 títulos. Y faltan por tramitar dos planillas de predios para terminar la aprobación y cubrir el 100% de familias.
Aunque el alcalde de Guayaquil no descartó que familias asentadas en zonas de riesgo e inundación tengan que ser reubicadas a través del banco de suelos municipal.
La seguridad y el Quinto Acueducto, la mayor inversión de Guayaquil para 2024 Lucía Gavilanez, de 40 años, acudió con su esposo a retirar el título de propiedad. Y estaba sonriente de contar con la carpeta entre sus manos después de 10 años de vivir en la zona con sus cuatro hijos, pero dijo que las necesidades son acuciantes. “Nos hace falta todo. No tenemos calles en buen estado, ni agua potable, mucho menos alcantarillado. Y lo bueno es que ya pasaron las lluvias porque también nos inundamos. Hemos tenido que salir inundados a dejar a los niños en la escuela”, dijo.
Mientras que buena parte de las viviendas se conectan al servicio eléctrico a través de cables informales, sujetos a postes de caña o madera. Los moradores también pidieron al Municipio el arreglo de calles que “llevan 20 años en mal estado”. La Alcaldía reconoció que no se ha intervenido por más de 10 años en la vialidad del sector. Y se prevé invertir USD 2 millones en avenidas principales y en algunas secundarias hasta finales de año, con asfalto reciclado (mezcla de asfalto y emulsión).
Aguas servidas estancadas en una calle de Ciudad de Dios, al noroeste de Guayaquil, un sector carente de obra de saneamiento y de agua potable.
El alcalde de Guayaquil dijo que están contemplando salir a las calles a protestar contra el Gobierno, por la falta de entrega de la garantía para el acueducto de la zona. “La gente está cansada”, dijo. También contó que desde la administración del presidente Daniel Noboa supuestamente envían emisarios al Municipio a fin de que se bajen las críticas contra el régimen. “Entonces ahora significa que tenemos que ser perritos y decir que todo está bien para que nos den algo que le corresponde a los ciudadanos, un papel para que la gente pueda tener agua potable. (...) Guayaquil no va a ser servil nunca”, dijo Alvarez.
Aquiles Alvarez: La vandalización de cámaras de seguridad es un "ataque directo" a los guayaquileños
Además, el Municipio denunció que en las últimas semanas, 23 cámaras de videovigilancia municipales han sido vandalizadas, sobre todo en el noroeste. Y realizó un llamado a la Policía y al Gobierno para actuar frente a ese prejuicio.
En el distrito Nueva Prosperina, al noroeste, las grupos criminales pagan USD 20 por cámara inhabilitada. La Policía realiza un gran operativo semanal contra las actividades criminales. Este jueves se centró en el control de motos y tricimotos; se retuvieron 110 de estos vehículos.
El coronel Roberto Santamaría, jefe distrital de Policía, solicitó modificar ordenanzas municipales para mitigar el uso de tricimotos en actos delictivos como robos y secuestros. Santamaría pidió que, además de sanciones económicas para motociclistas contraventores de las ordenanzas de seguridad o para tricimotos no homologadas, se establezcan retenciones más largas de un mes, 60 y 90 días para reincidentes, o el retiro de circulación definitivo.
“Tenemos evidencia de que se trasladan armas y sicarios en tricimotos, las utilizan para secuestro o para entrar a urbanizaciones como Ecocity a robar. Cuando se retienen motos solo se paga una multa y en dos días las vuelven a poner en circulación”, dijo el oficial.
