La empresa Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño ha emitido un comunicado para aclarar su relación accionaria con la familia del presidente Daniel Noboa, en respuesta a las recientes versiones periodísticas que cuestionan la adjudicación de un contrato millonario para la provisión de desayunos escolares.
Según el comunicado, Isabel Noboa Pontón, tía del actual presidente, posee una participación accionaria en la empresa. Sin embargo, El Ordeño enfatiza que esta participación es mínima: un 0,15% en Agroindustrias San Esteban C.A. AGRIESTEBAN, la cual a su vez tiene un 0,13% de acciones en El Ordeño S.A.
La polémica surge a raíz de la adjudicación de un contrato de 154 millones de dólares a Corpabe S.A., empresa que forma parte del mismo grupo empresarial, para la provisión de desayunos escolares en las zonas 5, 7 y 8 del país. El abogado Jofre Campaña, representante legal de la empresa competidora Lafattoria, confirmó en una entrevista radial que el contrato ya habría sido adjudicado.
La polémica surge a raíz de la adjudicación de un contrato de 154 millones de dólares a Corpabe S.A., empresa que forma parte del mismo grupo empresarial, para la provisión de desayunos escolares en las zonas 5, 7 y 8 del país. El abogado Jofre Campaña, representante legal de la empresa competidora Lafattoria, confirmó en una entrevista radial que el contrato ya habría sido adjudicado.
Frente a las acusaciones de posible conflicto de intereses, El Ordeño sostiene que no reconoce ninguna inhabilidad legal. La empresa argumenta que, según el reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública, las inhabilidades solo aplican cuando un socio o accionista posee el 51% o más de las acciones de una sociedad.
El artículo relevante del reglamento establece que las entidades contratantes deben revisar que los socios o accionistas no estén incursos en inhabilidades al presentar la oferta, refiriéndose específicamente a casos donde un socio o accionista sea mayoritario con el 51% o más de las acciones.
El Ordeño resalta su "sólida trayectoria" en el Programa de Alimentación Escolar desde 2016 y afirma no tener impedimentos para participar en estos procesos de contratación pública.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el sector privado y el gobierno en Ecuador, especialmente cuando involucran a familiares de altos funcionarios públicos. La transparencia en los procesos de contratación pública y la interpretación de las leyes de inhabilidades serán cruciales para resolver esta controversia.
aunque no se les puede creer nada pero asi sea minima la participacion por codigo moral no deberia participar pero les importa anularon el codigo es corrupcion
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