En una decisión histórica, los ecuatorianos han expresado su firme oposición al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias en materia de inversiones. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE), el ‘No’ se impuso con un 64,8% de los votos. Este resultado refleja la postura del país frente a la cesión de jurisdicción soberana a instancias internacionales, un tema que ha generado intensos debates y que fue considerado por muchos como un asunto técnico que no debía ser llevado a consulta popular.
Desde 2008, Ecuador ha mantenido una postura firme contra la celebración de tratados que impliquen arbitraje internacional en disputas contractuales o comerciales. La Constitución, en su artículo 422, prohíbe expresamente esta práctica, salvo en casos donde se establezcan sedes en cortes latinoamericanas. La Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales varios tratados de protección de inversiones que contenían cláusulas arbitrales, lo que ha colocado al país en una situación de desventaja comparativa1.
El rechazo a la pregunta sobre arbitraje internacional sugiere que la ciudadanía está preocupada por la soberanía y la posibilidad de enfrentar costosas demandas internacionales. Para 2024, se estima que Ecuador podría tener que pagar hasta USD 2.424 millones por arbitrajes internacionales, con casos pendientes que podrían resolverse en contra del país este año2.
