El Ejecutivo envió las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional para su control previo. Son once las interrogantes que, de ser calificadas, se extenderán a la ciudadanía en las urnas.
Del total de preguntas- la mayoría relacionadas con la seguridad- 10 tienen anexos; es decir, extensiones que amplían los planteamientos. La única pregunta que no tiene anexo es la número dos, relacionada con el control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos y vías.
El anexo de la primera pregunta aclara que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado definirá, de manera reservada, las zonas y delimitación de acciones de seguridad.
Pregunta 1:
¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional?
Anexo:
«Para el inicio de acciones de las Fuerzas Armadas para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan en el territorio nacional, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado definirá, de forma reservada, (i) las zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones, (ii) la delimitación de las acciones para prevenir y erradicar su actividad; y (iii) el mecanismo de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en las acciones de las Fuerzas Armadas.
En el documento enviado a la Corte Constitucional, el gobierno aclara que esta pregunta no busca reformas constitucionales o legales.
En su anexo, la pregunta tres aclara que «en caso de ser aprobada, el presidente, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 3
¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
El mismo anexo, con las mismas disposiciones y plazos, se repite en la pregunta 4, que plantea:
¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
La pregunta 5 propone:
¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
Entretanto, el anexo de esta interrogante plantea incluir estos once delitos en los artículos 698 y 699 del COIP. Para esto, el Ejecutivo propone los mismos 5 días de plazo para remitir a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma y esta, en un plazo de 60 días, deberá debatir y aprobar la misma.
Las mismas condiciones se aplican en los anexos de las preguntas 6 y 7, que plantean:
Pregunta 6:
¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
Pregunta 7:
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
Entretanto, la octava interrogante dice: ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales?. El anexo de este planteamiento dicta que, de ser aprobada, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado deberán realizar todas las acciones, procesos y contrataciones necesarias para efectuar las evaluaciones y auditorías, en el plazo máximo de 10 meses contados desde la publicación de los resultados, respectivamente.
La pregunta 9 busca reformas en la Ley de Extinción de Dominio y plantea:
¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
Para eso, el gobierno plantea, en su anexo, que, de ser aprobada, el presidente en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta.
La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.
La interrogante 10 busca reformas a la Ley de Movilidad Humana y propone:
¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado?.
Mientras que su anexo estipula que, en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, Noboa remitirá el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. Para aprobar esta reforma, la Asamblea tiene 60 días.
El anexo de la pregunta once- que se aleja de los asuntos de seguridad, también involucra reformas en la Asamblea Nacional.
Pregunta 11:
¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?
Anexo:
En caso de ser aprobada la presente pregunta, el Presidente de la República, en el plazo máximo de 20 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. El funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar deberá tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura, y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental, y de la seguridad ciudadana.
La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 90 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.
