A las 12:27, el juez Felipe Córdova suspendió por una hora y quince minutos la audiencia de formulación de cargos para decidir si acoge el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de ordenar prisión preventiva en contra de 31 personas, en el marco del Caso “Metástasis”.
La fiscal Salazar pidió al juez que no acoja los arraigos presentados por los abogados de los investigados en este caso, ya que para ella con la presentación -por ejemplo- de siete certificados médicos, se intentaría dilatar el proceso.
La funcionaria pidió a los presentes que, dentro de los 90 días de instrucción fiscal, los abogados y sus clientes se familiaricen con las 14 901 páginas del proceso, porque solo ha expuesto en la audiencia 200.
Los últimos en intervenir en la diligencia fueron los abogados de Pablo Ramírez, exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.
Terán fue quien pidió un receso luego de indicar que ya fenecieron las 24:00 de la flagrancia para la formulación de cargos y añadió que los han limitado a permanecer incomunicados.
Ellos, al igual que otras 29 personas, son procesadas por presunta delincuencia organizada en un caso que tendría nexos con Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022. Entre los investigados hay jueces, fiscales, policías y exfuncionarios del SNAI.
El pecado de Pablo Ramírez
El abogado de Pablo Ramírez pidió al juez Felipe Córdova que no se le vincule a su defendido solo por el hecho de haber tenido un alto cargo y por haber sido parte de las filas de la Policía Nacional.
Dijo que la fiscal Diana Salazar solo nombró a su cliente una vez por, supuestamente, haber movido a Norero de una cárcel a otra.
Sostuvo que no existe ningún chat en el que se evidencie de que Ramírez tiene contacto con algún grupo organizado.
Manifestó que lo que señala la Fiscalía es erróneo, debido a que existe un certificado del 9 de noviembre de 2022 en el que no se haría referencia a Ramírez, sino a otra persona.
De igual manera, señaló que existe un memorando del 27 de mayo de 2022 que la persona que envió a Norero de una cárcel de Guayas a Cotopaxi fue un subdirector del SNAI y no Ramírez.
Con ese criterio, el abogado desvirtuó lo expuesto por la Fiscalía por lo que rechazó la prisión preventiva.
El juez Felipe Córdova le concedió la palabra a Ramírez, quien aprovechó para decidir que se le sustituya las medidas alternativas a la prisión preventiva por su seguridad y su salud.
Defensa de Terán dice que no se sancionan chats, sino conductas
Para defender a Wilman Terán, cuatro abogados participaron en la diligencia.
Juan Carlos Perea, abogado de Terán, señaló que no se puede acusar a una persona solo porque aparece su nombre en un chat.
Según Perea en el chat un abogado en libre ejercicio de apellido Romero le dice a Leandro Norero que supuestamente ha tenido una conversación con Wilman Terán.
Añadió que en esa supuesta conversación Romero menciona que ha enviado los contactos de Terán y de otro juez de la Corte Nacional de Justicia de apellido Rivera.
Dijo que este tipo de argumentos de la Fiscalía son meras presunciones basadas en un chat.
Mientras, Jorge Haz, también abogado de Terán, cuestionó cuál sería el riesgo procesal de la Fiscalía para pedir la prisión preventiva en contra del presidente de la Judicatura.
Otro de los abogados expuso que el Código Integral Penal (COIP) no sanciona a capturas de chat, sino conductas delictivas.
Recordó que la participación de Terán en relación a Norero solo fue en una audiencia de habeas corpus, en la cual le negó el recurso.
“Es un golpe de Estado que pretende dar la Fiscalía, por lo que solicito que no se dicte prisión preventiva ni medidas reales”, mencionó el abogado.
Fuente Radio Pichincha
