Tipificar los delitos de extorsión, coyoterismo (movilización y tráfico ilegal de personas), e incrementar las penas en casos de femicidios son algunos de los puntos que se plantean en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y en la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) para ser incorporadas como reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aunque una de las tesis de Lucio Gutiérrez, asambleísta del Partido Social Patriótica (PSP), es que se incorpore en la propuesta la cadena perpetua a asesinos y violadores, Pierina Correa (RC) afirmó que esa posibilidad podría ser considerada, pero previo a un análisis si es “conveniente o funcional”.
Otro sector de la Asamblea sugiere reformas en el sentido de que no se produzca reducción, ni rebaja de penas para los extorsionadores por haber cumplido el 50% de prisión. La propuesta es que el delito cometido cumpla con los años establecidos por la autoridad.
Pierina Correa también considera que se debería incluir una reforma para trabajar de manera coordinada con el Consejo de la Judicatura (CJ) para establecer plazos o límites para empezar a resolver y que se juzgue con rapidez, las denuncias que están en la fiscalía por casos de violación a niños y adolescentes.
Según cifras que expuso Correa cuando presidió la Comisión de la Niñez y Adolescencia en el periodo de la Asamblea que se suspendió por efectos de la muerte cruzada, de los 52.000 casos de violación a menores de edad que están en indagación en la Fiscalía desde 2018, menos de 3.000 han sido resueltos.
Se espera que en el transcurso de la próxima semana el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela Rodas, entregue a los nuevos bloques legislativos una propuesta de reformas al COIP.
El 5 de mayo de 2023, Saquicela Rodas ya remitió al Legislativo, casi dos semanas antes del cese de funciones por la muerte cruzada, un plan de reformas para modificar los tipos penales de peculado y lavado de activos.
Aquellas reformas fueron preparadas en la mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La propuesta haría posible que la Fiscalía decida sobre casos complejos y se extienda el tiempo para la investigación. También la instrucción fiscal se ampliaría hasta 180 días.
La sugerencia, además, incorporó modificaciones en la determinación de medidas cautelares reales, sobre bienes para el caso de la reparación.
En la propuesta que se remitió en mayo también se planteó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) pueda establecer regímenes diferenciados de cumplimiento de las penas en los centros de rehabilitación, tratándose de grupos de delincuencia organizada o personas privadas de la libertad de alta peligrosidad, para prevenir hechos de violencia en las cárceles.
Estas propuestas de reformas al COIP deben ser conocidas y tramitadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), a fin de que estudie la propuesta junto con otras iniciativas, ponencias e insumos de la misma materia. (SC)
Las reformas al COIP
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó nuevas reformas al COIP que identificaban y castigaban los delitos de corrupción en la contratación pública y en el sector privado. La Ley Orgánica Reformatoria del COIP en materia anticorrupción creó tres tipos penales para combatir la corrupción: los sobreprecios en contratación pública, la corrupción en el sector privado y la obstrucción a la justicia.
En abril de 2023, tras reformas al COIP, los delincuentes conocidos como “vacunadores” enfrentan entre tres y diez años de prisión. El incremento de la pena busca disuadir a los antisociales de ejecutar estas acciones delictivas.
