El asambleísta informó que se tramitarán reformas de ley para que cualquier sentenciado por violación o femicidio, no tenga derecho a la prelibertad.
Adrián Castro, asambleísta y vicepresidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, destacó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNA), deberá responder al país por sus actuaciones y resoluciones de los dos últimos años.
Adrian Castro, director ejecutivo de la ANT |
Este es el caso de Segundo Carlosama, responsable del femicidio de la estudiante universitaria Abigail Supliguicha. Él fue detenido entre 2011 y 2012, para luego ser puesto en libertad hasta el 2014. En ese tiempo habría sido responsable de asesinatos y violaciones en Quito, lo que da lugar a su segunda detención en 2014, hasta que en el 2022 el SNAI permite su libertad con un informe de favorabilidad.
“Al psicólogo que tuvo a bien tomar el caso, deben quitarle el título, porque ese mamotreto de informe habla de que el acusado debe seguir un curso sobre maltrato a la mujer”, agregó Adrián Castro.
Además, el asambleísta criticó que las autoridades no hayan movido un solo dedo para encontrar al femicida, sino que fue la Universidad de Cuenca y las redes sociales, las que lograron que se lo ubique.
Además, el asambleísta criticó que las autoridades no hayan movido un solo dedo para encontrar al femicida, sino que fue la Universidad de Cuenca y las redes sociales, las que lograron que se lo ubique.
“Y un día después de ser detenido le matan en la cárcel de Turi”, puntualizó.
Por esta razón, Adrián Castro informó que los 5 legisladores del Azuay han solicitado al SNAI que se entreguen todos los informes de favorabilidad que se han emitido hasta la fecha y que han permitido la salida de privados de libertad.
“Las mujeres y niñas están en serio riesgo gracias a este organismo”, remarcó.
Castro subrayó que una vez que se encuentren evidencias de responsabilidad del SNAI, esta entidad deberá responder a las familias que han sido víctimas de sus decisiones.
Asimismo, el asambleísta anunció que se tramitarán reformas para que cualquier sentenciado por violación o femicidio, no tenga derecho a la prelibertad.
“Esta gente no tiene reparo, es una lacra para la sociedad, no tiene derecho de rehabilitarse”, acotó.
En entrevista a FM Mundo, Adrián Castro reiteró que el SNAI será fiscalizado de la A a la Z, puesto que ha permitido que desde las miasmas cárceles la inseguridad se profundice en el país.
Fuente radiopichincha.com