La Contraloría General del Estado (CGE) detectó una serie de incumplimientos en los contratos efectuados entre consorcios privados y los gobiernos cantonales de algunas ciudades. También se halló fallas en el cobro de multas a través de los fotorradares.
En los informes que se tomaron como muestra para la elaboración del reporte, constan las conclusiones de los exámenes a los procesos llevados a cabo, desde 2013 hasta 2022, por los municipios de Cuenca, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Ambato.
El análisis arrojó tres principales problemas provocados por la delegación del servicio público a consorcios privados: falencias en la gestión de cobro de multas, inobservancia de los términos contractuales, y la ausencia de estudios técnicos, económicos y legales.
La Contraloría menciona que el 42% de los hallazgos en el análisis corresponden a incumplimientos de los compromisos contractuales por parte de las empresas concesionarias.
Por ejemplo, en Ambato se identificaron 389 infracciones por exceso de velocidad que fueron rechazadas debido a errores de digitación, boletas sin coordenadas, imprecisiones en la digitación de números de placa. Además, no se notificaron las infracciones a los nuevos propietarios de vehículos que fueron vendidos.
En ese cantón, el consorcio inició la operación de un fotosensor sin contar con autorización ni derecho de uso de vía. Sin embargo, el dispositivo captó, confirmó y registró excesos de velocidad en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, que posteriormente fueron notificados a los infractores. Por esta anomalía no se sancionó al concesionario con la multa establecida en el contrato.
Mientras que en los expedientes de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) no constó documentación que evidencie que el contratista realizó la inversión inicial ofertada, por 2.6 millones. Tampoco invirtió el 5.1 % de los ingresos percibidos en 2019, en campañas de educación vial.
Otras irregularidades del concesionario: no implementó el mínimo de diez dispositivos tecnológicos para el control de tránsito, no sustentó técnicamente las razones por las que no instaló todos los fotorradares y no justificó el cambio de ubicación de algunos equipos.
En el Municipio de Loja, la empresa privada demoró entre nueve y 637 días para registrar 3.505 infracciones, aunque el contrato estableció un plazo de 5 días para realizar el procedimiento, ocasionando que no se cobren multas por USD 162.500.
El análisis de los informes de auditoría también arrojó que no se elaboraron estudios legales, técnicos, operativos y económicos que sustenten la decisión de concesionar la detección, registro, notificación y sanción de infracciones de tránsito.
Tampoco se justificaron los montos de inversión, plazos y los porcentajes de participación de las alianzas estratégicas.
La Contraloría menciona que los concejos municipales de Ambato y Loja no conocieron los estudios de prefactibilidad y factibilidad que demuestren la conveniencia de concesionar el servicio, ni los informes sobre la falta de capacidad técnica y económica de los cabildos para gestionar directamente el servicio de control de tránsito.
Además, durante los exámenes realizados a la Empresa de Movilidad de Cuenca se estableció que los horarios para el funcionamiento de los fotosensores no se fijaron a partir de criterios técnicos y estadísticos, no se consideraron ‘horas pico’, siniestralidad y riesgos.
Fuente Revista Vistazo
