La noche de este domingo, 8 de octubre, la Fiscalía General del Estado informó sobre el cierre de la instrucción fiscal en relación al caso del asesinato del excandidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio.
En su comunicado, la Fiscalía mencionó que durante la mañana y tarde de hoy se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien, bajo juramento, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen.
La entidad expuso que con los nuevos elementos recabados iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito.
Enseguida, las reacciones ante esta información no se hicieron esperar. Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio, escribió en su cuenta de X: “alístate porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti, asesino”.
Con ese posteo se refería al expresidente Rafael Correa, quien en una publicación ya avizoraba que hay que estar listos porque a pocos días de las elecciones están desesperados y presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé un falso testimonio contra el correísmo, a cambio de dejarlo libre y con nueva identidad.
Dijo que los medios repetirán esa mentira y que después de los comicios creará una comisión internacional para que investigue este hecho.
Christian Zurita, amigo de Villavicencio y quien lo reemplazó en las urnas el pasado 20 de agosto, también responsabilizó al “gobierno de Correa”.
Expuso que el testimonio del único testigo que les faltó matar y que se encontraba protegido es clave y que ya está en el proceso y se sabe dónde buscar.
Otros posteos también señalaron al correísmo. Incluso, se mencionó que no solo tendrán que responder por el asesinato de Villavicencio, sino por los siete privados de la libertad, vinculados a este caso, que murieron entre el viernes y sábado.
Datos preliminares
Durante esta semana, a pedido del exasambleísta y abogado de una parte de los familiares de Villavicencio, Ricardo Vanegas, la Fiscalía solicitó que entreguen los celulares a amigos, políticos y miembros de la seguridad de Villavicencio. Sin embargo, en lo que siempre insistió el jurista fue en que se revise el celular del excandidato presidencial por ser un elemento contundente en esta investigación.
El pedido de Vanegas incomodó a Zurita y Sarauz, quienes se opusieron porque decían que no es parte de la investigación e incluso Zurita, en una entrevista, expresó que podría ir en contra de la reputación de Villavicencio.
Cabe recordar que luego de que Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto al salir de un mitin en un colegio de Quito, en las redes sociales circuló información de que la organización delictiva Los Lobos se atribuyó el crimen.
Con el paso de los días hasta el Gobierno de Estados Unidos ofreció el pasado 28 de septiembre una recompensa de USD 5 millones por “información que conduzca al arresto y/o condena de los individuos responsables del asesinato de Villavicencio”.
El Gobierno se activó
Tras la muerte de siete de los 13 procesados en el caso Villavicencio, el Gobierno se activó. No solo que el presidente Guillermo Lasso regresó de los Estados Unidos, a donde viajó por un tema personal y familiar, sino que convocó enseguida a un Gabinete de Seguridad bajo la consigna de que se dé con los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.
En esa línea, sacó al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Ordóñez (sexto funcionario en liderar las cárceles del país) para poner en su lugar a Fausto Cobo, cuya visión de los centros penitenciarios es que son zonas de guerra entre mafias.
Posteriormente, el Gobierno removió a una parte de la cúpula policial. Sacó al general Fausto Salinas, comandante general de la Policía, para poner al general César Zapata, a quien le dio la orden directa de encontrar a los autores intelectuales del crimen de Villavicencio y apoyar a la Fiscalía y al FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos) en las investigaciones. Esto, luego de que la Fiscalía se quejó por no haber brindado protección a los privados de la libertad.
Otra de las acciones fue trasladar a los seis sicarios restantes a otras cárceles del país, ante el riesgo de que sean aniquilados.
Todo esto se dio desde el pasado viernes, cuando la Fiscalía estaba a punto de cerrar la instrucción fiscal, de la cual informó este domingo. Además, enfatizó que “en cumplimiento de su mandato constitucional, actuará siempre con objetividad para evitar la impunidad”.
